La justicia obliga a Interior a repetir el concurso para gestionar el 112

El Departamento de Interior de la Generalitat adjudicó de manera irregular a una empresa de telecomunicaciones la gestión del servicio de llamadas de emergencia 112, ya que lo hizo sin convocar la mesa de contratación y basándose exclusivamente en un informe interno. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado, en una sentencia conocida ayer, que se repita el concurso que en 2006, bajo la titularidad de Montserrat Tura, concedió a la compañía Qualytel Teleservices la gestión del 112 por cinco millones de euros. Los magistrados ordenan repetir el concurso porque se vulneró el derecho de otras empresas que optaban a prestar este servicio.

La sentencia no tendrá consecuencias prácticas, pues la adjudicación a Qualytel Teleservices vencía a finales de junio de este año y el Departamento de Interior ya ha convocado un nuevo concurso, con lo que la Generalitat cree subsanadas las irregularidades observadas por el tribunal.

El teléfono 112 -común en la Unión Europea- centraliza en Cataluña todas las llamadas de emergencia de los ciudadanos y las distribuye hacia los diferentes cuerpos de seguridad en función del carácter de la urgencia: bomberos, policía o sanitarios.

Interior convocó en mayo de 2006 el concurso público para otorgar el servicio de emergencias, es decir, la gestión de las llamadas, por un precio de salida de cinco millones de euros. La Generalitat lo resolvió un mes más tarde y lo concedió por la misma cantidad a Qualytel Teleservices, que ya venía gestionándolo al menos desde dos años antes. Esta empresa también explota el servicio 112 de la Junta de Andalucía.

Según la sentencia del Tribunal Superior, la adjudicación a esta compañía de telecomunicaciones se realizó sin convocar la prescriptiva mesa de contratación, en la que se evalúan las ofertas presentadas. Interior, según los jueces, se basó sólo en un informe de la entonces directora general de Emergencias y Seguridad Civil, Olga Lanau. La sentencia señala que Lanau redactó el documento por propia voluntad y sin que se lo ordenara el presidente ni otro miembro de la mesa de contratación.

"Se hurtó así, tanto a los licitadores como al propio órgano jurisdiccional, la posibilidad de controlar si la adjudicación respondía efectivamente a la proposición más ventajosa", señalan los magistrados, que al tiempo reprochan a la mesa de contratación que vulnerara "palmariamente" la ley. La sentencia concluye que "no existió motivación alguna en la adjudicación del contrato" a Qualytel Teleservices.

Por estos motivos, el TSJC acepta el recurso que presentó la empresa Medios y Servicios Telemáticos al entender -y así lo ha admitido el tribunal- que se produjeron defectos de forma en el proceso de adjudicación.

Fuentes del Gobierno catalán comentaron ayer que se trata de un simple error administrativo, no de una ilegalidad, y por tanto es subsanable con la convocatoria de la mesa de contratación.