Las ayudas a los coches contaminantes abren otro conflicto Gobierno-Generalitat

La larga lista de incidentes de recorrido entre el Gobierno central y el de la Generalitat sumó ayer un nuevo episodio, esta vez a cuenta de las ayudas del Ejecutivo catalán para la compra de vehículos. El Gobierno no está nada contento con la adaptación catalana del plan de renovación del parque de vehículos, sobre todo porque éste abre la puerta a subvencionar coches altamente contaminantes. Y a diferencia de otras ocasiones, en las que las críticas se han canalizado con discretas llamadas telefónicas, ayer se lanzaron bajo los focos.

La ministra de Medio Ambiente, la socialista Elena Espinosa, no tuvo reparos en criticar la decisión de la Generalitat en una visita a Barcelona. "Como ministra, no comparto esta medida, no nos gusta. Se puede hacer compatible el incentivo a la actividad industrial con vehículos menos emisores", dijo. Estas palabras, que abrían un nuevo conflicto entre gobiernos, corrieron como la pólvora por los despachos de la Generalitat y desencadenaron todo tipo de críticas en el Gobierno y en el Partit dels Socialistes (PSC).

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El consejero de Innovación, el republicano Josep Huguet, instó a la ministra a dejar de preocuparse por Cataluña y a centrarse en perseguir a las comunidades que incumplen "sistemáticamente" la normativa medioambiental europea. "No es correcto que el Gobierno tome medidas al margen de las autonomías y cuando una autonomía toma una decisión -como la del plan de ayudas- le den el alto", dijo Huguet. Horas antes, el secretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, ya había dicho que si las ayudas de la Generalitat no gustan a la ministra, "será su problema". Por la tarde un portavoz ministerial aseguró a Efe que, si bien el plan no es del agrado de Espinosa, la sangre tampoco llegará al río.

El Ministerio de Industria evitó entrar en conflicto. "Todo lo que sea ayudar para que aumente la demanda de automóviles nos parece bien, pero nuestra apuesta es ayudar a los vehículos menos contaminantes. El preámbulo del real decreto, de hecho, dice claramente que el objetivo del plan es estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes. Dicho esto, cada comunidad autónoma es soberana y con su dinero puede hacer lo que le dé la gana", señaló ayer un portavoz oficial del ministerio.

A diferencia del plan del Gobierno (que limita la subvención a vehículos de menos de 30.000 euros y que emitan 149 gramos de CO2 como máximo siempre que se desguace uno de más de 10 años), el catalán no fija límite alguno de contaminación, sólo establece que el nuevo coche debe contaminar menos que el que se achatarra. El único tope que establece es de precio: 49.000 euros, lo que permite también la compra de coches de lujo.El plan de la Generalitat tiene, en realidad, cuatro patas. La primera es la mera suma al Plan 2000E del Gobierno. La segunda, la más polémica, porque no establece un máximo de nivel de emisiones y fija el tope del precio del vehículo en 49.000 euros.

La tercera es para las motociletas y ciclomotores, con ayudas que oscilan entre 100 y 350 euros (según la cilindrada), siempre que los fabricantes pongan entre 200 y 700 euros. La patronal de las dos ruedas está de acuerdo: "Permitirá estimular la demanda en Cataluña, donde se concentra el 83% del sector industrial", apuntó ayer Anesdor. La cuarta es para las furgonetas (de hasta 3,5 toneladas) y camiones ligeros (hasta seis) que no superen los 40.000 euros.

Otra de las características del plan catalán es que está abierto a cualquier ciudadano que matricule el vehículo en un concesionario domiciliado en Cataluña. La mayoría de las comunidades lo limitan a los empadronados.

En el seno del Gobierno catalán el principal foco de oposición sigue estando en Iniciativa-Esquerra Unida. De hecho el plan se ha aprobado sin el concurso de este partido, como ya ocurrió con la ley de educación. De ahí que el ex consejero de Medio Ambiente y miembro de la dirección de ICV, Salvador Milà, dijera ayer que a su partido "se le ha acabado la paciencia", informa Bertran Cazorla. Milà insinuó también que el PSC y ERC han vulnerado los pactos del Gobierno tripartito. Concretamente, pidió una "hoja de ruta" hasta las elecciones para asegurar la "lealtad" de sus socios a los acuerdos de Gobierno. Según ICV, las ayudas a los coches más contaminantes chocan con los objetivos que se impuso el Gobierno cuando aprobó su plan para reducir la contaminación.

Este punto de vista no es compartido al cien por cien por todos los miembros de la federación Iniciativa-Esquerra Unida. Los sectores más próximos a las centrales sindicales insisten en que, si bien el plan no es perfecto, sí ayuda a la reactivación de la industria. De hecho, CC OO considera "positivo" el plan, si bien ha advertido que "no se debe entrar en contradicción con otras políticas del Gobierno", en este caso la ambiental.

Esquerra Unida apoya a sus socios de ICV, pero prefiere no llevar el conflicto a un callejón sin salida. "Si, en lugar de tener dos consejeros, ICV-EUiA fuese mayoritaria en el Gobierno, el plan no se habría aprobado así", resume Jordi Miralles, presidente de EUiA. Según Miralles el plan no es aceptable porque subvenciona la compra de coches "a gente que no lo necesita".

CiU sacó tajada del conflicto. El diputado Eudald Casadesús denunció la "descoordinación del tripartito" y aseguró que ello "no ayuda a hacer frente a la crisis". Y Greenpeace se apuntó también a las críticas.