Fervores estatutarios

La jornada del pasado jueves vino rica en imágenes y signos del nuevo tiempo político que vivimos. El mismo día en que los mayoritarios sindicatos nacionalistas se estrellaban con una huelga general no sentida como justificada por la sociedad convocada, el nuevo Ejecutivo socialista trabajaba en Vitoria con el Gobierno central para avanzar en el traspaso de las políticas activas de empleo; del Inem, por resumir. Nada había de casual en el momento y contenido de la reunión del lehendakari Patxi López y el vicepresidente Manuel Chaves. El hecho de que comenzaran a negociar una competencia que incide directamente sobre el problema del paro el mismo día en que se pretendía paralizar el país era una metáfora buscada que puede enlazarse con otra: el Estatuto de Gernika (también la parte que falta por desarrollarse) vuelve a estar en el centro del debate político después de que, durante demasiados años, el nacionalismo lo diera por muerto. Precisamente, fue ELA, la gran perdedora de la huelga fallida, quien le extendió en 1997 el primer certificado de defunción.

El Estatuto, su desarrollo, vuelve a situarse en el centro del debate político

Lo cierto es que el regreso del nacionalismo institucional a Gernika se había producido ya antes, cuando algunos de sus líderes percibieron que los nuevos estatutos políticos y las consultas de parte no conducían a parte alguna. El acuerdo alcanzado en otoño pasado por el PNV con el Gobierno de Zapatero para asumir de forma compartida la competencia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), mientras la consulta de Ibarretxe daba sus últimas boqueadas, fue más que un síntoma. Y reprodujo, al mismo tiempo, los vicios que han lastrado desde el principio el desarrollo estatutario en su parte material. El primero, la mercantilización por parte de los gobiernos centrales del traspaso de las competencias (acuerdos que eran imposibles en una negociación específica se han resuelto con suma facilidad a cambio del apoyo del PNV o de CiU a unos presupuestos del Estado o a la investidura de un presidente).

Pero también es verdad que el nacionalismo hasta ahora gobernante ha entrado con gusto en este juego, al que ha sacado mucho rendimiento. Le permitía exhibir tanto la cicatería del Gobierno de turno como su capacidad para arrancar a Madrid lo que corresponde a Euskadi. En ocasiones, la evidencia de lo primero ha encubierto el mantenimiento por parte del PNV de posturas maximalistas y rígidas, con el argumento de las especificidades del Estatuto de Gernika en algunas materias y de su financiación por la vía del Cupo. El "incumplimiento" estatutario en lo material -mucho menos cuantioso que lo pregonado- ha sido en la última etapa un motivo buscado para poder plantear su caducidad y la necesidad de un nuevo marco político de corte soberanista, orillando el alma del Estatuto como pacto interno de convivencia entre vascos que tienen distintos sentimientos de pertenencia.

El caso de las políticas activas de empleo reúne todos los ingredientes apuntados. A lo que se añade la complejidad de los conceptos que engloba, a pesar de que ya hace años que el Gobierno vasco admitió desligar la negociación de esta materia de las políticas pasivas (reconocimiento y pago de las prestaciones por desempleo, baja laboral o invalidez), ante la dificultad de conciliar una previsión estatutaria calculadamente ambigua (disposición adicional 5ª) con el mantenimiento de la unidad del sistema de Seguridad Social. Esta segregación, sin embargo, no ha sido suficiente para desencallar la cuestión, de modo que el País Vasco se ha quedado como la única autonomía que todavía no la ha asumido las políticas activas de empleo: básicamente, la intermediación en el mercado laboral, formación ocupacional, fomento del empleo, orientación e inserción laboral, y escuelas talleres. Una tarea que sigue desarrollando el Inem en la comunidad autónoma a través de 30 oficinas y 850 trabajadores.

El señalamiento por el Gobierno de Patxi López de este traspaso como una de sus prioridades -ya hay 122.000 personas registradas como desempleadas en esas oficinas- ha tenido la virtud de recuperar la adhesión del nacionalismo hacia el Estatuto. El PNV se ha situado en posición vigilante para que no se rebajen sus posiciones negociadoras y se traiga de Madrid "mercancía averiada". Se trata, curiosamente, de la misma expresión con la que Garaikoetxea hostigó desde EA al PNV de Ardanza cuando éste desatascó, después de la escisión de 1986, el bloqueo de las transferencias y asumió, entre otras, las de sanidad y justicia. E incluso un destacado militante de esa Eusko Alkartasuna en busca de polos soberanistas instaba a estar alerta sobre el contenido de la transferencia que se obtenga, para que no venga "un subproducto sin calidad".

Hay que dar la bienvenida a estos fervores estatutarios, aunque rezumen una concepción patrimonialista del Estatuto. En cualquier caso, ese apalancamiento en la exigencia no resuelve el nudo gordiano que ha impedido hasta ahora el traspaso: qué hacer con las bonificaciones a la contratación a través de las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social. Esta voluminosa partida se contabiliza en el Inem, pero quien la aporta es la Tesorería de la Seguridad Social. Hasta ahora el Gobierno vasco ha reclamado, en virtud del sistema de financiación del Concierto Económico y Cupo, el 6,24% de ese concepto, y el desacuerdo de la Administración central con esa interpretación ha impedido un acuerdo que sí de ha dado con Navarra, que tiene también Convenio Económico y Cupo.

La actitud vigilante del PNV sobre la integridad del Estatuto ayudará al PSE a no relajarse en la negociación y permitirá al partido de Iñigo Urkullu seguir avanzando en su regreso al centro.