La juez investiga ocho teléfonos de 'agentes' de la Comunidad de Madrid por el espionaje

La juez que investiga un supuesto delito de malversación de fondos públicos en el espionaje supuestamente ejecutado desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, se ha fijado en ocho personas para buscar al culpable de los seguimientos y localizar a la persona que los ordenó.

Un auto judicial de hace más de una semana requiere a la compañía MoviStar, de Telefónica, que facilite información sobre "el posicionamiento" de ocho números de teléfono durante marzo, abril y mayo de 2008. Durante este periodo, los supuestos espías de la Consejería de Interior, dirigida por Francisco Granados, habrían hecho seguimientos a Manuel Cobo (durante semana y media) y a Alfredo Prada (durante varios meses). Prada fue destituido por Aguirre como consejero de Justicia mes y medio después de que finalizara el espionaje.

La juez quiere saber dónde estaban esos móviles los días de los seguimientos

Dos de los aparatos pertenecen a Pinto y Palomo, que son empleados públicos

Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y a Prada, entonces consejero de Justicia (llegó a ser vicepresidente segundo), se desarrollaron en los meses previos al congreso que el PP celebró en Valencia en junio de 2008, y que supuso la confirmación de Mariano Rajoy al frente del partido. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno madrileño y ahora es responsable del PP en el exterior.

Cuando el asunto del espionaje fue revelado por este diario, la presidenta regional se enfrentó a una investigación interna de su partido, que no confiaba en los métodos del Ejecutivo de la dirigente popular para esclarecer el asunto. Tras unas semanas de tira y afloja con la dirección nacional del PP, Aguirre accedió a que se celebrase una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para aclarar los hechos. Pero la comisión resultó un fiasco: la mitad de los comparecientes no declaró, por las prisas del Grupo Popular en la Asamblea de dar cerrojazo al asunto. La conclusión oficial fue que no hubo espiados ni espías, y por tanto no pudo haber espionaje. El PP sacó adelante esta conclusión con su mayoría absoluta.

El auto de la juez también pide que se investigue en especial el posicionamiento de esos ocho teléfonos entre las doce de la mañana y las seis de la tarde del 13 de mayo de 2008. Ese día, en el parte de los espías figura un seguimiento a Prada hasta el Parador Nacional de Chinchón, donde estuvo entre las 12.20 y las 18.00, según reflejan por escrito los espías.

Los ocho números de teléfono de los que tendrá que informar Telefónica a la Policía Judicial pertenecen a personal de confianza de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Consejería de Interior. De las ocho personas, sólo dos son empleados públicos, los agentes Pinto y Palomo. Curiosamente, son los únicos de todo el personal fijo del departamento que no tenían a diario una función de seguridad asignada a una consejería determinada, sino que dependían directamente de Sergio Gamón, el director de Seguridad Ciudadana, hombre de confianza de Aguirre. La presidenta le mantuvo a sueldo incluso después de ser destituido por entrar con alguno de sus hombres en el despacho de un alto cargo de la Consejería de Justicia y, supuestamente, robar un ordenador.

Cuando Francisco Granados, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, le destituyó como director general, Aguirre le ordenó que le mantuviese en un puesto de responsabilidad con un sueldo muy elevado. Eso ocurrió hace casi un año, y Gamón sigue con su sueldo próximo a los 100.000 euros anuales.

IU y PSOE denunciaron en su día que la presidenta autonómica había "comprado" de esta manera "el silencio de Gamón".

De los otros seis teléfonos que investiga la juez, tres corresponden a agentes del Cuerpo Nacional de Policía que Gamón fichó cuando le nombraron director general de Seguridad Ciudadana de la Comunidad, que son personal de su absoluta confianza y que sólo trabajaban para él. Los tres restantes los usan tres guardias civiles que fueron fichados personalmente por Granados, que los conocía de Valdemoro, el municipio madrileño del que fue alcalde. Estos tres guardias trabajaron un tiempo a las órdenes de Gamón hasta que llegó a la Consejería de Interior, algunos meses después de acabados los espionajes de Prada y Cobo, el ex policía Marcos Peña, un colaborador de la dirección nacional del PP en tareas de información sobre la teoría de la conspiración del 11-M y similares.

Peña se encargaba de espiar por su cuenta asuntos relacionados con tramas corruptas en pueblos madrileños dirigidos por socialistas, y en algún caso informó al consejero de Interior madrileño que, según las fuentes a las que acudía, se había hallado la tarjeta de visita del ahora director general de Seguridad, Enrique Barón, en el bolsillo de una persona asesinada a las puertas de una discoteca de Madrid.