Sin coacciones morales ni legales

En la acción del Gobierno actual hay una coincidencia general en buena parte de la opinión pública a propósito de la mala comunicación que hace de todas las decisiones, campañas y leyes que desarrolla.

Sobre el asunto de la modificación de la ley del aborto, que es tema candente y polémico, como antes en las leyes sobre matrimonios del mismo sexo y la píldora del día después -por mencionar otros dos de los más recientes-, una vez más, en mi opinión, se olvida o se hace muy escaso hincapié en que no se fuerza ninguna situación.

Lo que sí va a propiciar la ley es una ampliación de los márgenes por los que una persona abocada a tener que abortar, después de analizar su situación personal y valorar exhaustivamente los pros y contras, no va a sufrir ningún tipo de castigo o penalización. Igualmente, a ninguna mujer de 16 años se le prohíbe en modo alguno que hable con sus padres, con otros familiares o con cualquier otra persona para que tome la decisión menos lesiva.

Lo que sí hace y creo que, de nuevo, no se explica bien, es permitir que en aquellas situaciones límite en las que por razones extremas de falta de relación entre los padres y su hija -entre las cuales no sería la menor el abandono físico, educativo o moral que los progenitores, ejercen sobre ella- pueda, en los plazos que la ley permitirá, salvar su vida futura.

Está claro que el PP y la Iglesia siempre se olvidan de decir que la ley de interrupción del embarazo -como todas las que han sido motivo de manifestaciones y recursos al Tribunal Constitucional- no obliga a nadie a acogerse a la misma.

Lo que hacen estas leyes es permitir ejercer la libertad personal, sin coacciones morales o legales. Lo que debería ser más frecuente es que el Gobierno lo explicara con claridad.