Sigue imputado

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, compareció ayer como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, del que salió, 45 minutos después, con la confirmación de que sigue imputado. El tribunal facilitó una escueta nota en la que afirma que "el proceso sigue su curso". Esto significa que los indicios de delito de cohecho apreciados por el juez Garzón antes de inhibirse en favor del Tribunal Superior (por la condición de aforados de tres de los investigados) no han sido disueltos por la declaración del presidente, pese a lo que él mismo había dado a entender que ocurriría al manifestar que nada deseaba tanto como poder comparecer ante el juez para aclarar el asunto.

Los dirigentes populares habían pretendido confundir a la opinión pública presentando la condición de imputado como un mero detalle procesal derivado de la forma en que había instruido el caso el juez Garzón. Pero el juez valenciano no ha encontrado motivos para modificar esa condición, lo que en principio significa que aprecia los mismos indicios. Si de la declaración se hubiera deducido una posición más favorable para el reo, el juez tendría que haberlo traducido en alguna medida. No ha habido tal, aunque tampoco ha solicitado medidas cautelares, lo que habría indicado reforzamiento de los indicios contra el reo.

El empeño del PP en quitar importancia a la imputación estaba motivado por su negativa a adoptar con alguien tan relevante en el partido las mismas medidas (suspensión de militancia) aplicadas a otros imputados de menor nombradía.

El PP tiene cada día más difícil mantener esa actitud, contraria a lo establecido en su propio código de conducta y que supone aplicar dos criterios diferentes en Madrid y en Valencia. Porque, entretanto, Camps sigue sin presentar facturas que, desmintiendo la documentación que figura en el sumario, acreditasen su afirmación de que él se pagó los trajes que presuntamente le regaló el jefe de la trama corrupta en Valencia. Y sigue también sin ofrecer una explicación que reste verosimilitud a la de que trajes y regalos pagaban un trato de favor en adjudicaciones.

Desde que la Audiencia Nacional adoptó las primeras decisiones sobre el asunto, la dirección del PP ha ido cambiando de estrategia para, en último extremo, encontrarse en la actual situación: todas las medidas políticas que se ha resistido a adoptar contra los implicados se vuelven contra la totalidad del partido una vez que las actuaciones judiciales se han puesto en marcha. La instrucción, entretanto, sigue su curso, y las excusas que los populares han ido desgranando hasta ahora van perdiendo verosimilitud a medida que se van conociendo nuevos datos. Al contrario de lo que el comité de recepción a Camps ante las puertas del tribunal ha querido dar a entender, no se trata de un proceso por motivos políticos, sino de un proceso por corrupción en el que, eso sí, están implicados varios políticos.