Dos años para una urgencia

Los plazos estaban claros. Ana María Ruiz, con el cerebro "atacado por un virus", llevaba ya casi un año en la cama del cuarto del fondo, alimentada por una sonda gástrica. La Comunidad de Madrid -"¡por fin!"- les había otorgado la ayuda de 487 euros a cuenta de la Ley de Dependencia. Su hija, también Ana María, y su marido, Antonio, la cuidan en su casa, un bloque arbolado de Coslada, turnándose desde hace casi tres años cuando cayó misteriosamente enferma y dejó de poder valerse por sí misma. Así que todo estaba arreglado.

Recibieron la llamada el pasado 11 de noviembre pidiéndoles su número de cuenta. Era inminente. Pero, seis meses después, no han recibido nada. Ni un euro. Deben esperar "otra llamada". Y eso que son de los pocos que han conseguido finalizar todo el proceso, aunque para ello han tenido que transcurrir más de dos años. Es el tiempo medio de trámite en Madrid. El caso de Ana ejemplifica la travesía burocrática, hasta la fecha al borde de la parálisis, de miles de madrileños.

"Es verdad que se producen retrasos a la hora de empezar a cobrar", concede Miguel Ángel García, director general de dependencia del Gobierno regional. La explicación, se explaya, se encuentra en los "múltiples filtros y fiscalizaciones de la Administración". Pero, después, dice, ya todo va sobre ruedas. "Cuando empiezan a recibir el dinero ya va perfecto, mes a mes, y cobrando todos los meses anteriores de retraso".

No es el caso aún de Ana. Ni el de Antonio. Él, a sus 76 años, aún tiene un corazón tatuado en el brazo derecho y lleva casado con Ana María, madre, desde hace 50. Ella yace en la cama y no se mueve. No dice nada, sólo busca la mirada de su marido y sus ojos inspeccionan el techo. Él le da sus medicinas, que guarda en unos cajoncitos etiquetados en la cocina. La lava, le cambia los pañales y le drena el estómago, por donde se alimenta. Nunca se queda sola.El proceso para acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia es largo. Primero, se cumplimenta un impreso y se adjunta la documentación exigida. Varios meses después, una espera que en ocasiones se alarga hasta más de un año, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales evalúa al dependiente y le otorga un grado de dependencia.

Otros tantos meses después, recibe un Plan Individual de Atención. Y, teóricamente, ahí, más o menos a los dos años de haber iniciado el proceso, se percibe la subvención. Pero sólo teóricamente, porque, entonces, lo que hay que esperar es la famosa "llamada". Y en eso está Ana, que ya recorrió el complicado laberinto administrativo, que comenzó a poner en marcha en mayo de 2007.

"No podemos irnos a comer por ahí todos a la vez", explica Ana, la hija, las consecuencias que ese parón trae sobre sus vidas. "Ni de vacaciones dos días a la playa, a Peñíscola", refuerza Antonio, que casi se echa a llorar al darse cuenta de que su hija, su yerno y sus nietos llevan tres años sin ver el mar. Ana María hija abandonó su trabajo en el aeropuerto de Barajas. Era incompatible con el permanente cuidado de su madre. Nunca contemplaron el ingreso en una residencia. "Creemos que es mejor que esté aquí, en su casa de siempre", razona Ana, que está orgullosa de que a su madre no le ha salido "nunca ni una llaga".

El Ministerio de Sanidad concedió a comienzos de semana 38 millones de euros al Gobierno regional para "redondear" las ayudas a la dependencia en Madrid. Un montante que, en realidad, implica "meter a Madrid en la rueda de la ley", según algunas fuentes de Sanidad. Lo cierto es que Madrid aún no está "metida en la rueda". Su ratio de evaluación por habitante, a fecha de primero de mayo, es de 0,66%, la más baja de España.

"No refleja la realidad de esta comunidad", se defiende García, que reconoce que las cifras de mayo "son bajas", pero lo achaca a "un atasco informático". Los "atascos informáticos" son frecuentes en lo que atañe a la dependencia. A Ana, después de pedir muchas explicaciones por la demora, le dijeron que se debía a "fallos informáticos".

Pero García no se desanima: "En los próximos meses vamos a trasladar nuestros datos reales y se va a ver el verdadero nivel de asistencia en Madrid", vaticina. También apunta que las comunidades autónomas que lideran los reconocimientos es porque "antes no tenían una red tan completa como Madrid y han metido todas sus actuaciones en la ley nueva". Otro factor, insiste, es que "en las propias estadísticas del Ministerio, en otras bases de datos, sí se refleja nuestra situación real".

Lo cierto es que el grueso de sus dependientes reconocidos está ingresado en residencias. En total, 41.515 personas han solicitado recibir atención en función de la Ley de Dependencia, vigente desde 2007. Esta circunstancia, señalan desde el PSOE, se debe a que esas plazas son "preexistentes a la ley" y, por tanto, no ha habido que acometer un gasto extra. Las comunidades perciben el dinero del Gobierno central por cada persona con dictamen.

Sin embargo, desde la Consejería de Asuntos Sociales precisan que esas residencias han tenido que ser modificadas para que acojan a personas en situación de dependencia y que eso "es más caro que subvencionar a quien tiene al familiar en su casa". García, además aporta otro argumento: "No podemos poner en riesgo nuestra red de residencias, la mayor de todo el país".

Antonio, que muestra un cuaderno en el que dibuja en grandes letras el estado de salud diario de su mujer, cobra una pensión cercana a los 1.000 euros.

"Sólo los frascos para limpiar de flemas con el aspirador valen cerca de 40 euros", explica. Los medicamentos son caros. Y los "jabones especiales" o los minúsculos botecitos de aceite. "No nos llega, ésa es la verdad", explica mientras señala el respirador y todos los tubos que surcan el salón de su casa en dirección al dormitorio que comparte con su esposa. La vivienda parece un hospital. Un centro, eso sí, adornado con las fotos personales del matrimonio posando en un paseo marítimo, o el "diploma" que les hicieron sus nietos por enseñarles "a amar".

Jesús Ausin, abogado y cabeza visible de la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón, ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitida a trámite, contra la orden de la Comunidad de Madrid que regula el procedimiento. La organización pide la nulidad de la norma.

Según ella, "el punto más absurdo" de la orden es que convierte el silencio administrativo tras cada paso burocrático en negativo. Es decir, si a los seis meses la Consejería no ha contestado, es que deniega la ayuda. Además, entre paso y paso no establece un tiempo mínimo. Todo puede eternizarse. De ese modo, según Ausín, "los retrasos y la desidia de la Comunidad de Madrid tendría como efecto que el dependiente perdiera el derecho que la ley le reconoce".

Pero los plazos, en el caso de las dos Ana María, madre e hija, estaban muy claros. La madre permanece inmóvil al otro extremo del tubo. La hija, sin embargo, se agita en un sofá remarcando que en su situación "no hay tiempo para papeleo". Una queja que recoge su padre, Antonio: "¡Anda, si me tengo que poner a rellenar cosas yo, que apenas se leer o escribir". En teoría ya no debe rellenar nada. Solo esperar. Seguir esperando.