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PUNTO DE OBSERVACIÓN | OPINIÓN

El escándalo Berlusconi

La seguridad se garantiza mucho más con unas fuerzas del orden bien dotadas y preparadas que con leyes anti-inmigración y eso debería ser evidente para todos los ciudadanos a los que se intenta agitar y movilizar en media Europa, aprovechando la crisis para vincularles a movimientos de raíz autoritaria disfrazados con discursos populistas y xenófobos. Lo increíble es que los partidos democráticos tienen tanto miedo al florecimiento de esos mensajes que, en lugar de combatirlos como lo que son, avanzadas de ideas autoritarias, se acoquinan e, incluso, buscan acomodar sus propios discursos para que no resulten tan frontalmente distintos. Es una estrategia que nunca ha dado resultado: se empieza permitiendo que desaparezca la tolerancia en la sociedad y se termina perdiendo, pura y simplemente, la libertad, como explica el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti en su último libro.

Impedir que un hijo de inmigrantes 'sin papeles' sea inscrito en un registro exigiría una reacción vigorosa

Europa protestó contra Haider antes de que hubiera aprobado normas como las de Italia. ¿Qué hace ahora?

Lo que está sucediendo en Italia, lo que ha pasado esta semana, con la aprobación de nuevas leyes que convierten en delito la inmigración clandestina y que reducen, o prácticamente eliminan, los derechos de esas personas (incluidos los bebés, a los que no se permitirá inscribir en el Registro) es un escándalo y debería suscitar una reacción mucho más vigorosa en el conjunto de la Unión Europea. ¿De qué nos sirve el Parlamento Europeo si las fuerzas democráticas presentes en esa Cámara no son capaces de denunciar el giro que está adoptando el Gobierno de Silvio Berlusconi y que, al menos en algunos aspectos, recuerda al fascismo?

Europa reaccionó con mucha más fuerza hace casi diez años cuando el partido ultraderechista de Jorg Haider entró a formar parte de un Gobierno de coalición austriaco e, incluso, adoptó determinadas sanciones, antes incluso de que ese Gobierno hubiera aprobado, ni por lo más remoto, leyes parecidas a las que ahora se pretende ignorar en Italia.

El debate sobre la inmigración clandestina en Italia es absolutamente propagandístico y forma parte de una estrategia populista que distrae la atención sobre otros hechos mucho más graves como el florecimiento de la Mafia, la acumulación de poderes por parte de Berlusconi y sus socios, y la degradación de un sistema político corroído en alguna de sus partes por la corrupción. Por 297 votos a favor, 255 en contra y 3 abstenciones (¿quién se puede abstener en un debate semejante?) el Parlamento italiano aprobó unas "nuevas disposiciones en materia de seguridad pública" (http://www.camera.it) que alientan la retórica racista y xenófoba, como denunció el propio presidente de la República, Giorgio Napolitano.

La cuestión es aún más grave porque se produce cuando la crisis económica está llevando al paro a millones de ciudadanos europeos, que, de momento y en su mayoría, están, más o menos, acogidos a redes de protección y seguridad social pública, pero que, si la crisis se prolonga, van a empezar a competir, brazo con brazo, por los pocos empleos que se vayan creando y por las prestaciones sociales. Poblaciones asustadas y desmotivadas, nacionalismos exacerbados, inestabilidad, son componentes de una situación que ya dio origen, en épocas pasadas, a leyes contra la emigración y, más tarde, a leyes raciales.

"El Estado no puede ser buenista", escribía esta semana un comentarista político italiano afín a Berlusconi. Seguramente tiene razón y quienes se quieren oponer a este Gobierno italiano deberían explicar mejor a la opinión pública cuáles son sus propios planes contra la inmigración ilegal. Lo que debe quedar claro es que existen medidas más eficaces, más justas y más sensatas que las vergonzosas disposiciones aprobadas esta semana en Italia. Y que, aunque no las hubiera, las que ha impulsado el Gobierno italiano son injustas, ineficaces y vergonzosas. No permitir que se inscriba a un recién nacido en el Registro es negarle su derecho, desde el nacimiento, a un nombre, algo que se recoge en la Declaración Universal de Derechos del Niño y pone en peligro su vida y su salud, porque le hace invisible, una no-persona. ¿En qué evita esa "nueva disposición en materia de seguridad" la emigración clandestina desde África o desde Bangladesh?

Convertir la bandera de la seguridad en el mayor reclamo electoral y político de un país es una canallada: para los extranjeros pobres, que se ven amenazados inmediatamente como posibles transgresores de esa seguridad, pero también para los ciudadanos nativos de ese país, impulsados a desperdiciar unas energías, cada vez más escasas y cada vez más necesarias para luchar donde, quizás, todavía, sea posible encontrar un camino al futuro: en la educación, por ejemplo.

solg@elpais.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de mayo de 2009