Una anciana denuncia a la Xunta por dilapidar sus bienes

Mercedes Rodríguez Mouriz fue incapacitada durante tres años hasta que la Justicia rectificó el error y reconoció su cordura en 2006. Para entonces su patrimonio, un edificio de doble fachada situado en el centro de Vilagarcía, que estaba catalogado como patrimonio que había que preservar, fue demolido y reconstruido por la Xunta con todos los parabienes de jueces y fiscales en un proceso plagado de irregularidades.

La anciana acaba de presentar una demanda contra dos de los responsables de la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Xunta. Durante su errónea incapacidad, esta institución se apresuró a vender su casa. Hasta en siete ocasiones, Mercedes le ha reclamado sin éxito, por vía judicial, la devolución del patrimonio y la de sus enseres personales, de los que hoy en día se desconoce el paradero.

El solar fue tasado en 549.577 euros, pero a ella quedaron en darle 55.000

Según el informe pericial, el valor del solar se tasó en 549.577,28 euros. Sin embargo, la Funga, encargada de la tutela de la mujer, acordó, como oferta más ventajosa, que la empresa Promociones Domicres, S.L., que volvió a construir un inmueble en el solar, le entregase 55.000 euros, más un piso de 60 metros cuadrados, en la primera planta. El piso lo valoraron en 67.000 euros y tampoco le fue entregado. La compraventa la formalizan Fernando Jaime Quinza-Torroja García, como responsable de la Funga, y José Manuel Domínguez Crespo, apoderado de la mencionada constructora.

Un caso insólito que paso a paso se detalla en una demanda de 54 folios, que tendrá que resolver un juzgado de Santiago, determinando el grado de responsabilidad penal en la que pudieron incurrir los representantes de la Funga, así como el resto de las personas, incluyendo los jueces y los fiscales, que acordaron su incapacitación e intervinieron en la venta de su patrimonio.

Desde 2004, Mercedes Rodríguez emprendió una cruzada ante los tribunales pidiendo justicia. En octubre de 2002, alegando que el estado del edificio en el que vivía sola y que heredó de sus padres se encontraba en estado ruinoso, dos policías la sacaron de su casa, a la que nunca regresó. La llevaron al juzgado número 1 de Vilagarcía, donde se inicia la declaración de su incapacidad, sin el dictamen vinculante del médico forense quien, sorprendentemente, no la reconocería hasta dos meses después.

Para la defensa de Mercedes, que entonces tenía 80 años, "el episodio más escandaloso" del proceso se produce el 28 de febrero de 2003, cuando se celebra el juicio con el que la declaran incapaz, a pesar de que no compareció ni el letrado de la Xunta ni ningún representante de la Funga (que actuaba como su defensora judicial), ni el médico forense. Tampoco comprenden cómo se promovió el proceso sobre la base de que no se conocía la existencia de familiares, cuando posteriormente se demostró que no era cierto.

Pero "la mayor irregularidad", para la defensa de la anciana, es "que el mismo día que el fiscal presenta la demanda de incapacidad, el juez de Vilagarcía dispone darle traslado a la persona presuntamente incapaz para comunicarle en su domicilio que podía comparecer en el proceso". "¿A quién le dieron traslado?, ¿y en qué domicilio, si Mercedes Rodríguez estaba internada en un centro sanitario por orden judicial?", pregunta la denuncia.

Y también se subraya el hecho de que la incapacidad de Mercedes se declara judicialmente el 18 de marzo de 2003 y un mes antes, el 10 de febrero, la Funga, "después de hacer una dejación de sus obligaciones al no comparecer en el juicio", presenta un escrito al juzgado. En éste pide autorización para iniciar los trámites de venta del edificio, sobre el que no existía declaración de ruina. "No se comprende tanta desidia y negligencia por parte de esta institución, que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia y decir qué ha hecho con los muebles y objetos personales de la tutelada", continúa la demanda.

En contra de su voluntad, Mercedes Rodríguez no sólo fue desalojada de su domicilio sino que pasó casi tres años de su vida internada en un centro psiquiátrico en Beariz (Ourense). Uno de sus primos, que vive en Santiago, inició su búsqueda cuando fue a visitarla y se topó con la casa demolida.

Cuando el juzgado autoriza a la Funga la venta del edificio, ésta le presenta las diferentes ofertas que ha recibido pero propone como "la más ventajosa para los intereses de la tutelada" la del arquitecto técnico José Lino Rodríguez Márquez. Sin embargo, se le adjudica a Promociones Domicres, S.L., una empresa que hizo constar que entregaría 42.100 euros al efectuarse la compra, aunque no lo hizo.

La denuncia plantea muchos interrogantes sobre los motivos que indujeron a la Fundación para a Tutela de Adultos a rechazar mejores ofertas, como la de Provao, S.L., que, además, se presenta al juzgado con posterioridad a las otras. También se hace constar la propuesta de Construcciones Mesejo, S.L., donde se advierte de que el edificio estaba incluido en el catálogo de elementos a conservar en unas determinadas condiciones que se detallan en una ficha adjunta.

Si el edificio estaba catalogado y no declarado en ruina, Mercedes Rodríguez pide que se investigue "cómo se permitió semejante irregularidad, qué connivencia tenía el arquitecto técnico, al parecer municipal, con la empresa adjudicataria Domicres. Y si el juez autorizó la propuesta de esta empresa, tal y como se la presentó la Funga, por qué se cambia cuando se eleva a documento público el 27 de julio de 2004", en todo lo relativo a las compensaciones, aunque pírricas, que recibiría la anciana.

El 19 de enero de 2009, el juzgado de Vilagarcía requiere por séptima vez a la Funga para que, "de inmediato", ponga a disposición de Mercedes Rodríguez Mouriz todo su patrimonio. Su última respuesta es lo más sorprendente: "Esta fundación no tiene en su poder patrimonio alguno, lo único que podríamos entregar es la copia simple de la escritura de compraventa".