Rebelión del sector eólico contra un decreto del Ministerio de Industria

Seis empresas culpan al Gobierno de amenazar 1.400 millones de inversión

Las empresas adjudicatarias del Plan Eólico Valenciano salieron ayer en tromba a criticar el real decreto ley aprobado el pasado 30 de abril en Consejo de Ministros donde se aborda el déficit eléctrico. El artículo 4 de esta norma ha puesto patas arriba los apoyos públicos a la generación de energía eólica y amenaza 1.400 millones de euros de inversión y los objetivos de la mitad del plan valenciano.

Ayer, empresarios de las compañías adjudicatarias de Plan Eólico Valenciano -Renomar, Acciona, Proyectos Eólicos de la Comunitat Valenciana, Eyra, Enerfin o Eólica de Levante- se entrevistaron con el consejero valenciano de Infraestructuras, Mario Flores, para protestar por la nueva reglamentación (que tendrá que convalidar el Congreso de los Diputados). "Llevamos 1.000 millones de euros invertidos en instalaciones radicadas en la Comunidad Valenciana y de la noche a la mañana y sin diálogo ninguno, nos cambian las reglas del juego", dijo el presidente de Renomar, Fernando Roig.

El polémico real decreto da un plazo de 30 días para que las empresas generadoras de energía eólica se preinscriban en un registro del Ministerio de Industria si quieren optar a las primas ahora en vigor. Las que no lo hagan quedan "en el limbo", dado que el ministerio anuncia un nuevo régimen económico para las que no lleguen, pero no explica en qué consiste. Las condiciones para registrarse en el censo de Industria son exigentes. Por ejemplo, los proyectos deben contar con el 50% del coste económico del proyecto -unos 25 millones de euros de media- o tener asegurado el suministro del 50% de los equipamientos necesarios, etcétera.

Según las previsiones del consejero Flores, con este giro en su política, el ministro Miguel Sebastián pone en peligro la aerogeneración de más de 1.100 megavatios en la Comunidad Valenciana, es decir, la mitad del objetivo previsto por el Plan Eólico Valenciano para 2010. En tono claramente catastrofista, el consejero cifró en 2.000 los empleos que podrían destruirse si la norma sale adelante.

Fuentes del sector temen que Industria actúe igual que lo hizo en su día con la generación de energía solar y establezca cuotas en la producción. "El Ministerio de Industria toma el control en la planificación de las energías renovables y creo que lo hace para frenar su desarrollo", dijo Flores sin más rodeos.

El objetivo de Camps no se cumple

El nuevo real decreto pilla al sector con más de la mitad del Plan Eólico Valenciano pendiente. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, prometió en las Cortes en febrero de 2006 que en "tres o cuatro años", es decir, antes de febrero de 2010, estarían instalados todos los aerogeneradores -67 parques repartidos en 15 zonas diferentes-.

El plan no se está ejecutando a la velocidad anunciada por el presidente. Hace un año aproximadamente se habían completado tres de las 15 zonas en que está dividido el plan. Hace apenas cuatro meses entraron en fase de prueba dos nuevos parques eólicos -La Solana y Rincón de Cabello- en Ayora, los primeros en la provincia de Valencia, y ahora estaban pendientes de salir adelante nuevas instalaciones en Castellón, según adelantó el consejero Flores.

Según el director general de Energía, Antonio Cejalvo, unos 20 o 30 parques estarían en peligro con el nuevo decreto.

Desde su puesta en marcha, en 2001, el Plan Eólico ha estado rodeado de polémica. Los ecologistas han denunciado el troceo de hasta 22 parques -para que las empresas pudieran beneficiarse de las primas previstas para las energías renovables. También han llevado ante la Unión Europea quejas por la ubicación de algunas de estas instalaciones en zonas de gran valor ecológico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 11 de mayo de 2009.

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