Columna
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Investidura anómala

Las mayorías parlamentarias son siempre, o casi siempre, minorías políticas y, sobre todo, minorías sociales. Las mayorías parlamentarias absolutas son posibles como consecuencia de la ley electoral y no porque el partido o los partidos que suman la mayoría parlamentaria absoluta hayan obtenido la mayoría absoluta del censo electoral. En el caso más extremo de la experiencia electoral española, el de 1982, difícilmente repetible por lo demás, el PSOE obtuvo 202 escaños en el Congreso de los Diputados con el 48% no del censo electoral, sino de los votos válidamente emitidos. Hubo más votos válidamente emitidos a favor de las demás opciones políticas que a favor del PSOE, aunque entre todas no reunieran más que 148 escaños. Tomando en consideración las abstenciones, la mayoría parlamentaria absoluta hubiera sido incluso más minoritaria. Todas las demás mayorías parlamentarias absolutas se han conseguido con un porcentaje todavía menor, sensiblemente menor, de votos válidamente emitidos.

No cabe formular ningún reproche de legitimidad a la investidura parlamentaria de Patxi López

Esto no quiere decir que una mayoría parlamentaria no sea una expresión política genuina de la sociedad a la que representa. Se ha constituido con base en el ejercicio del derecho de sufragio en condiciones de igualdad y no se ha encontrado todavía en la historia de las sociedades humanas mejor fórmula para garantizar la dirección política de la comunidad. O dicho con otras palabras: la mayoría parlamentaria es la forma más legítima y más eficaz de ejercicio del poder de todas las conocidas hasta la fecha.

Quiere decirse, pues, que no cabe formular ningún reproche de legitimidad a la investidura parlamentaria de Patxi López como lehendakari, como ha hecho el PNV esta semana, de la misma manera que tampoco puede formulársele a la investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, como hizo el PP la semana pasada. La doble vara de medir del PP no solamente se produce en asuntos de corrupción, sino que tiene alcance general.

Pero el que no pueda formulársele ningún reproche de legitimidad, no quiere decir que se puedan desconocer las circunstancias que han hecho posible que existiera la mayoría parlamentaria que ha investido a Patxi López como lehendakari. Si se hubieran podido traducir en escaños los 100.000 votos nulos de la izquierda abertzale, el PSOE y el PP no hubieran podido tener mayoría para la investidura del candidato socialista. Para la investidura de un candidato no nacionalista es necesaria, al menos por el momento, la anulación electoral de la izquierda abertzale, algo que no ha sido preciso en el pasado para la investidura de un candidato del PNV. Ésta es una diferencia entre las dos investiduras últimas de Juan José Ibarretxe y la de Patxi López que no puede pasarse por alto.

Si a esta circunstancia añadimos que la mayoría de investidura es una mayoría antinatural, constituida por dos partidos que tienen una trayectoria y un presente de enfrentamientos que van más allá de lo que es usual en las democracias parlamentarias europeas, tendremos que convenir que estamos ante una investidura anómala, que no se explica nada más que por la parálisis en que se había instalado el subsistema político vasco desde el desdichado Pacto de Lizarra y su continuidad de alguna manera en las diversas formulaciones del Plan Ibarretxe y que no puede tener más objetivo que superar dicha parálisis.

Es posible que en esta legislatura, mientras el PNV resuelve sus tensiones internas y es capaz de definir una línea política única que deje de incluir posiciones que son constitucionalmente inmanejables y mientras la izquierda abertzale decide, si puede, renunciar por completo a la violencia y poner fin a la tutela de ETA, la coalición gobernante disponga de tiempo para intentar que la vida política vasca discurra por la senda de la normalidad democrática mínima que es exigible a estas alturas de la historia.

La investidura de Patxi López es una investidura anómala, que únicamente se explica por la anomalía en que se había instalado la coexistencia más que convivencia política en el País Vasco y que únicamente puede tener como objetivo poner fin a dicha anomalía y hacer posible que exista realmente una auténtica convivencia, en la que no exista la línea divisoria de quienes están amenazados por ETA y quienes no lo están.

En todo caso, conviene recordar que el nacionalismo vasco forma parte de la constitución material de España y que no es posible encontrar una fórmula de gobierno genuinamente democrática en la que dicho nacionalismo no encuentre su sitio. Cuanto más pronto se consiga, tanto mejor para todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 08 de mayo de 2009.

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