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El juez admite al PP como acusación particular en la trama de Correa

Nueve de los principales implicados son cargos y dirigentes del partido

El PP será acusado y acusador en la causa sobre la trama de corrupción orquestada por Francisco Correa que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El magistrado instructor, Antonio Pedreira, permitió ayer que esa formación se presente como perjudicada en el caso y ejerza la acusación particular a pesar de que varios de los principales imputados son cargos, dirigentes y afiliados de ese partido. El juez que destapó la trama, Baltasar Garzón, rechazó esta posibilidad el pasado 13 de febrero. "El postulante no puede ostentar la condición de [perjudicado]", porque existían "serios indicios de responsabilidad de personas vinculadas a o integrantes de esa formación", mantuvo entonces el magistrado de la Audiencia Nacional.

Pedreira, sin embargo, admite ahora al PP como parte en la causa previo pago de una fianza de 1.500 euros, según un comunicado emitido por el TSJM en la mañana de ayer. Su decisión se basa, según esa nota, en "una interpretación amplia del artículo 24 de la Constitución", que en su apartado primero establece que todos "tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión". La decisión permitirá a la formación acceder a todos los datos del sumario una vez que se levante el secreto.

El partido, dice la nota, "entiende que no figura en la causa como acusado, sino como acusador" contra los principales imputados hasta el momento, el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa; el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo y Antoine Sánchez -todos ellos en prisión provisional- por ser los "administraciones de hecho y de derecho" de las sociedades Special Events, Easy Concept y Good and Better.

Sin embargo, la imputación de los tres diputados regionales madrileños implicados en la causa -confirmados el pasado jueves en su puesto por la presidenta Esperanza Aguirre- así como de los alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte por seis delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias, se basa, precisamente, en adjudicaciones a esas empresas.

El ex consejero madrileño de Deportes y actual parlamentario de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, "estaría vinculado con la organización empresarial investigada a la que habría beneficiado en diferentes eventos, desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid", según el auto por el que Garzón se inhibió del caso. El diputado regional Benjamín Martín Vasco medió supuestamente a cambio de cantidades de dinero y otros regalos para "la adjudicación de contratos públicos a Easy Concept", relataba esa resolución y el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, adjudicó a esa misma empresa la Oficina de Atención al Ciudadano durante 14 años mientras el parlamentario Bosch ocupó el puesto de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda.

Concursos a medida

Los concursos, relataba el juez, "se diseñaban a medida, de tal forma que el trámite administrativo tenía lugar adjudicándose aquél a la empresa presentada por Correa". El grupo liderado por el líder de la trama llegó a organizar los actos de promoción del PP en "una situación próxima al monopolio", según el magistrado de la Audiencia Nacional.

La decisión de Pedreira causó sorpresa entre varios jueces y fiscales consultados por este periódico, que advirtieron de la "comunidad de intereses" que podría producirse entre la acusación que ejercerá el partido y las defensas de todos sus nueve cargos y dirigentes imputados. Sin olvidar la rama valenciana, que estudia el tribunal superior de esa comunidad, y en la que los principales implicados son el presidente Francisco Camps y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.

"La función de la acusación es acusar, pero hasta el momento, lo que ha tratado de hacer el PP es deslegitimar el proceso. Incluso se ha querellado contra el juez en el Supremo", sostuvo uno de los fiscales consultados. La querella fue archivada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 9 de mayo de 2009