El PP rechaza en las Cortes crear una agencia valenciana del agua

El Partido Popular rechazó ayer en las Cortes la creación de una agencia valenciana del agua para gestionar las nuevas competencias asumidas en virtud del Estatuto de Autonomía. Tanto el consejero José Ramón García Antón como el diputado Luis Díaz Alperi aludieron a un retraso voluntario hasta que se resuelvan ciertos contenciosos en torno a la cuenca del Vinalopó. Pero lo cierto es que el PP prefirió defender y apoyar una iniciativa de "tramitación especial de urgencia sobre la ejecución del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana", una ocasión para volver a cargar las tintas contra José Luis Rodríguez Zapatero y atribuir al Gobierno central todos los males que aquejan a los valencianos.

"Si tanto le molesta la política del agua, ¿por qué no hace la suya propia?"

"La creación de una agencia valenciana del agua es la prueba de la decencia política de Francisco Camps", espetó el socialista Francesc Signes, "si tan discriminados estamos, si tanto nos castigan, si tanto le molesta la política del agua del Gobierno, ¿por qué no hace la suya propia?"

Alperi replicó con una reflexión ambivalente: "Dejen de hacer política interesada para beneficio del partido y hagan política seria en favor de los valencianos". Alperi acusó a los socialistas de haber roto el trasvase del Ebro y la canalización del Júcar al Vinalopó y deslizó que la Generalitat impulsará una agencia del agua "cuando tengamos los medios y las funciones".

El propio García Antón tomó la palabra ante el pleno, hecho inusual, para intentar explicar que la vinculación del Vinalopó a la cuenca del Júcar, como prevé el decreto de transferencias del Estado que todavía está en trámite, complica las transferencias de aguas desde la cuenca del Júcar, de gestión compartida, a las de la Marina Alta y Baja, y l'Alacantí, de gestión exclusiva de la Generalitat.

García Antón aseguró tener "buena sintonía" con los actuales responsables del Ministerio de Medio Ambiente y cargó contra la ex ministra Cristina Narbona, contra la paralización del trasvase del Ebro, contra los responsables de la Nueva Cultura del Agua y contra el propio Signes: "Usted sigue anclado en los asesores de Narbona".

Signes lamentó que el consejero desvirtuara el debate introduciendo "mucho Ebro" para eludir sus propias responsabilidades.

Enric Morera, de Compromís, atribuyó el origen de todos los males a la cesión de la explotación de los acuíferos del Júcar a Castilla-La Mancha en 1997 y Lluís Torró, de Esquerra Unida, lamentó la insostenible política hídrica de la Generalitat.

El debate se prolongó casi toda la mañana. El agua es un argumento ideal para el desencuentro. Por eso, los dos grandes partidos en el Congreso han decidido aparcar la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y la cuestión del futuro del trasvase entre el Tajo y el Segura hasta después de las elecciones europeas del 7 de junio.

La Comisión Constitucional "no tiene previsto abordar esta delicada cuestión hasta después de las elecciones europeas", confirmaron ayer fuentes parlamentarias.

El aplazamiento del debate sobre la suspensión del trasvase del Tajo al Segura responde a varias causas, según las fuentes consultadas. Por un lado, el cambio de actitud y de discurso de los socialistas apoyando ahora los trasvases "descoloca" a Francisco Camps, presidente de la Generalitat, que durante los últimos años abanderó y se apoderó de la reivindicación hídrica.

Por otro, el compromiso de Jorge Alarte, secretario general del PSPV, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto manchego si contempla la caducidad del trasvase "incomoda" al PSOE de Madrid, ya que el Gobierno de Castilla-La Mancha es socialista y el recurso supondría "abrir una guerra para dar alas al PP en campaña", explican fuentes socialistas.

En el PP tampoco quieren exhibir diferencias de criterio entre Camps y María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido. Y repiten: "Nosotros no hemos cambiado, siempre hemos defendido los trasvases".