¿Empezamos, presidente?

En su discurso de investidura, el nuevo presidente de la Xunta reiteró en numerosas ocasiones, y en cada una de ellas de forma más enfática que en la anterior, su disposición a cumplir y a hacer cumplir la ley como condición básica de la convivencia pacífica. En este punto es obligado estar plenamente de acuerdo con Núñez Feijóo. En efecto, si la ley no se cumple, la discrecionalidad política campa a sus anchas y los privilegios (ley privada) de los poderosos se impone a los derechos de la mayoría de los ciudadanos.

Nunca podrá exagerarse la importancia que la estabilidad política y la seguridad jurídica tienen en la secuencia del desarrollo de un país. No existe hoy una nación con un gobierno estable y honesto que no tenga, o haya tenido, una situación razonablemente satisfactoria de desarrollo económico. Y existen muy pocas de las que, sin gobiernos de ese tipo, pueda decirse lo mismo. Por eso ha llegado la hora de cumplir lo que tan solemnemente se proclamó.

Feijóo debe tomar las medidas pertinentes, por muy dolorosas que sean, con Agustín Hernández

Me permito, pues, sugerirle al nuevo presidente que tome de inmediato dos iniciativas políticas, si quiere dar credibilidad a las rimbombantes afirmaciones realizadas en el discurso de investidura. La primera, dar cumplidas explicaciones y tomar las medidas pertinentes, por muy dolorosas que éstas puedan parecer, con el conselleiro Hernández, cuya laxa conciencia en relación al cumplimiento de la ley, públicamente proclamada, está en abierta contradicción con las rotundas afirmaciones del presidente de la Xunta en la investidura. Salvo, claro está, que todo aquello, como me temo, no fuera mas que insoportable retórica electoralista.

La segunda iniciativa tiene más entidad política y social. Se trata de que se aplique, ¡por fin!, una ley que, en el momento presente, se incumple masiva y sistemáticamente, con demoledoras consecuencias para nuestra sanidad pública: la Ley de Incompatibilidades. A ello se debe, entre otras disfunciones, el aumento artificial de las listas de espera, lo que obliga a los ciudadanos a buscar soluciones en la sanidad privada, en la que numerosos profesionales del sector público trabajan ilegalmente. Todo ello amenaza, como es evidente, con desvirtuar tanto la equidad como la eficacia clínica del sistema.

Seguramente, la mayoría de los médicos cree honestamente que puede compatibilizar su trabajo en el sector público con el ejercicio de la medicina privada si previamente renuncia a la dedicación exclusiva y al complemento específico. Tal suposición es completamente errónea. La Ley de Incompatibilidades (Ley 53/1984) considera especialmente incompatibles las actividades profesionales privadas prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño del puesto público (Art. 12.1.a). Dicho más claramente, ningún profesional que trabaje en la sanidad pública, aunque no tenga dedicación exclusiva, puede atender en su consulta privada a ciudadanos de su área sanitaria con los que tenga relación en el ejercicio de su función pública.

Tampoco los empleados públicos pueden ejercer su profesión en centros privados concertados, pues la Ley de Incompatibilidades considera actividades en el sector público "las desarrolladas por entidades colaboradoras y concertadas con la Seguridad Social en la prestación sanitaria" y, como es bien sabido, nadie puede percibir dos salarios del sector público. Cabe todavía añadir que la Ley General de Sanidad no permite establecer conciertos con centros privados cuando alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades establezca la legislación correspondiente (Art. 93).

Teniendo en cuenta la dimensión del problema, es preciso que el Gobierno gallego aclare cuanto antes qué piensa hacer para resolverlo. Porque lo único que no puede permitirse Núñez Feijóo, después de su encendida proclama de ley y orden, es mirar para otro lado cuando una ley de tal transcendencia social se incumple sistemáticamente. ¿Empezamos, señor presidente?