Los partidos se comprometen a aportar el 0,7% a cooperación

El pacto contra la pobreza que las ONG llevan meses reclamando a los políticos ya es una realidad. Representantes del PP, PSPV, Esquerra Unida y Compromís firmaron ayer un documento que les obliga a impulsar una política de cooperación internacional y de lucha contra la pobreza "sostenible y de calidad independientemente de quien gobierne". La idea de fondo de este acuerdo es "erradicar la pobreza y la exclusión desde el ámbito local hasta el internacional", pero además, despolitizar la cooperación y conseguir dotar a esta partida de estabilidad presupuestaria. El acuerdo alcanzado ayer no se queda en meras declaraciones de intenciones y principios, sino que también recoge compromisos concretos.

El primero de ellos no puede ser más preciso: consiste en elevar la ayuda oficial al 0,7% del presupuesto de la Generalitat, una vieja promesa que, año tras año, la Administración valenciana incumple. A pesar de que este aspecto está recogido explícitamente en la ley de Cooperación de la Comunidad Valenciana, no hay forma de que se alcance. Es más, la tasa se ha reducido durante en los últimos años.

Sin ir más lejos, este año el porcentaje destinado por el Consell a cooperación internacional es el 0,39%. No solo es una cifra inferior al 0,7%, sino también al 0,43% de 2008, como ha denunciado la coordinadora valenciana de ONG de Desarrollo, una entidad integrada por 145 organizaciones no gubernamentales que han impulsado el Pacto Valenciano contra la Pobreza.

"En medio de una crisis económica mundial, este acuerdo es más necesario que nunca", señalaba ayer la presidenta de la coordinadora, Gloria Bigne. "Cada cinco segundos muere un niño en el mundo y en el último año el número de personas que pasa hambre ha alcanzado casi los 1.000 millones, casi 108 más que antes de la recesión".

El acuerdo fue suscrito por Antonio Clemente (PP), Elena Martín (PSPV), Glòria Marcos (EU) y Enric Morera (Compromís), y plantea cuestiones como extender la aportación del 0,7% a las entidades locales y supramunicipales. También expone una serie de condiciones para aportar criterios de objetividad en el reparto de las ayudas públicas. Así, incluye la obligación de destinar al menos el 30% del presupuesto de la ayuda al desarrollo a los llamados países menos adelantados -los 49 más pobres, según la ONU-, y el 20% a los diez países con menor índice de desarrollo humano.

El documento apuesta por favorecer campañas de promoción y sensibilización ciudadana en las áreas de consumo responsable, economía social, finanzas éticas, inmigración y cambio climático, y cuenta con una comisión de seguimiento para vigilar su cumplimiento.