Los maestros de la concertada cobrarán como los de la pública dentro de 3 años

La Ley de Educación equiparará los sueldos de los maestros y profesores de los centros públicos y concertados en tres años. La equiparación será gradual e irá a cargo del erario público. Así figura en una de las disposiciones transitorias del texto, sobre el que los grupos del Parlament han llegado a un principio de acuerdo en comisión. El PSC, ERC y CiU han llegado a un pacto sobre el grueso de la ley.

La medida beneficiará a más de 20.000 docentes, según cálculos del sindicato USOC, el principal en los centros concertados. Los docentes de estas escuelas cobran alrededor del 10% menos que los de las públicas. La diferencia es de algo más de 200 euros al mes.

Desde el principio del debate se ha discutido la homologación de sueldos. Los grupos parlamentarios dicen que si se quiere crear una única red de centros con dos orígenes (públicos y concertados), deben equipararse las condiciones salariales. Hasta ahora se había trabajado sobre la base de un plazo de equiparación de cuatro años, que finalmente se ha acortado a tres.

En paralelo, se ha introducido un apartado que abre la puerta a que la Generalitat fije "mecanismos de fomento de las inversiones en ampliaciones, mejoras y reformas y nueva construcción de edificios destinados a centros educativos privados concertados, preferentemente en zonas socioeconómicamente desfavorecidas". Fuentes consultadas de la ponencia del proyecto de ley dicen que se deberá fijar cuáles son estos "mecanismos de fomento", pero añaden que este apartado puede servir para facilitar la presencia de escuelas privadas concertadas (las que reciben fondos públicos) en zonas con muchos inmigrantes.

ICV-EUiA, en cambio, opina que este vago artículo abre la puerta a que la Generalitat subvencione obras en colegios concertados en cualquier barrio, deprimido o no. Este nuevo retoque de la ley, pues, ha abierto otro frente entre los ecosocialistas y sus dos socios de Gobierno, aliados con CiU, tras el debate de la semana pasada sobre los conciertos con centros que segregan niños y niñas, a los que ICV también se opone. El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, USTEC-STE, se sumó al nuevo frente de ICV-EUiA. Su portavoz, Rosa Cañadell, tachó de "indecente" que "con dinero público se impulsen negocios privados".

La ponencia de la comisión también ha ratificado la posibilidad de concertar el bachillerato y la formación profesional en centros privados (véase EL PAÍS del 1 de mayo). El texto final señala que estas enseñanzas podrán ser concertadas "en función de las necesidades de escolarización derivadas de la programación educativa".Las tres medidas alejan aún más del acuerdo sobre la ley a ICV-EUiA, que critica que el borrador se parece cada vez menos al Pacto por la Educación. También Cañadell denunció que la ley "aumenta las ayudas a las concertadas", pero no "los mecanismos que aseguran que estos centros cumplan sus obligaciones".

El diputado del PP Rafael López anunció ayer que votará contra la ley porque se opone a la inmersión lingüística y aprecia una falta de iniciativa para reducir las ratios de alumnos.