Vecinos y marineros piden que se prohíba el tráfico de hidrocarburos en la ría de Arousa

La Consellería de Industria tiene tres meses para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales los depósitos de hidrocarburos instalados desde 1998 en el muelle de Ferrazo, en Vilagarcía, al carecer del preceptivo informe de impacto medioambiental, y anuló los permisos que en su día concedió la Xunta a las empresas concesionarias Finsa y Foresa.

El fallo del alto tribunal se produce en respuesta a uno de los tres contenciosos que interpuso la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, integrada por vecinos y marineros, que ayer anunció que exigirá a la Xunta no sólo la paralización del tráfico de hidrocarburos en el puerto de Vilagarcía, en cumplimiento de la sentencia, sino, además, la prohibición de esta actividad a través de una normativa que proteja jurídicamente la ría.

El portavoz de la plataforma, Xaquín Rubido, calificó como "histórico" el fallo del Supremo y entiende que "los poderes públicos deben buscar garantías legales para proteger un bien público, sin esperar a que lo hagan por mandato de una sentencia". Según Rubido "de otra forma, la protección de la ría estaría a merced del político de turno".

Esta organización se reunirá próximamente para definir el borrador del futuro reglamento antes de reclamar una reunión al nuevo responsable de la Consellería de Industria, Javier Guerra. Sus acciones pretenden el desmantelamiento del parque de hidrocarburos que entienden legitimado por el Supremo. "Todos los cargos políticos que apoyaron la instalación de esos depósitos ilegales deben asumir sus errores y responsabilidades. Es una cuestión de ética democrática", señaló Rubido.

La sentencia constata, según la plataforma, que el Estado eludió sus deberes al no aplicar la directiva europea sobre medio ambiente que había entrado en vigor tres años antes. El equipo jurídico que representa los intereses de la plataforma cree que sienta un precedente para la resolución de otras dos demandas que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia contra la licencia municipal y la autorización que concedió el Estado y la propia Xunta.

Sin embargo es probable que sin el pronunciamiento definitivo de los tribunales, los tanques de Ferrazo continúen operativos algún tiempo. Cuando hace cuatro años se produjo el fallo favorable a las demandas de la plataforma en primera instancia, las negociaciones que ésta promovió con los grupos parlamentarios para el traslado o el cambio de uso de los tanques no tuvieron ningún efecto.