Los recortes de Justicia amenazan la eficacia de la Fiscalía de Valencia

"Una situación tan mísera como la de Valencia no la conozco". Así lo dijo ayer la fiscal jefe provincial de Valencia, Teresa Gisbert, al finalizar una junta de fiscales en la que se abordaron las condiciones de trabajo tras los recortes en determinados servicios efectuados por la Consejería de Justicia que amenazan la eficacia del ministerio público. Gisbert aclaró que defiende una "eficiencia en la utilización de los recursos" pero no la eliminación de servicios sin alternativa. El último de los recortes, que afecta a Fiscalía y al servicio común de notificaciones, es la reducción del servicio de taxis. "No es un privilegio. No es un lujo. El fiscal no está adscrito a un juzgado. De los 109 fiscales de la provincia, 93 tienen su destino en la sede de Fiscalía, en la ciudad de Valencia", explicó Gisbert. Todos los que trabajan para juzgados de pueblos no lo hacen para uno solo. "Hablamos de ir a Ontinyent o a Requena. Hablamos de las visitas de control de los internamientos forzosos en residencias, que no están ni siquiera cerca de un transporte público. Hablamos de un levantamiento de cadáver, de cualquier diligencia urgente". Según Gisbert, la consejería de Justicia ha reducido sin aviso de 16 a diez los taxis disponibles. Todos, excepto dos, funcionan sólo cuatro horas al día. El resto, siete.

"Esto es la gota de una actuación que ha pasado, por ejemplo por una importante reducción de funcionarios cuando es evidente el aumento de trabajo". Gisbert recordó que la obligación de la Consejería de dotar de medios a la Fiscalía está recogida en un Real Decreto y que no hacerlo es incumplir la ley. Por tanto, precisó, "habrá que estudiar otros mecanismos para que se cumpla el Real Decreto". La fiscal jefe insistió en que el compromiso de despliegue telemático, en el caso de las videoconferencias, es de 2003 y que sólo existe en Llíria, Requena y Sagunto, aunque difícilmente puede usarse porque está ubicado en la sala de vistas.