La juez rechaza un recurso para quitar el nombre de Argala a una plaza vizcaína

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Bilbao ha rechazado la impugnación realizada por el abogado del Estado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Arrigorriaga del 30 de noviembre de 1979 por el que se acordó poner el nombre de Argalaren Emparantza a la plaza del citado municipio vizcaíno. La magistrada desecha que la causa estuviese juzgada como asegura el abogado del Estado, porque el objeto del litigio "no versa sobre la competencia del gobernador civil para adoptar un acuerdo de suspensión, sino sobre la legalidad del propio acuerdo". El Gobierno Civil suspendió el citado acuerdo el 29 de diciembre de ese mismo año por considerarlo ilegal y procedió a la retirada de la placa en homenaje al etarra asesinado.

La juez resuelve la inadmisibilidad del recurso por la "extemporaneidad" del mismo. La legislación prevé que cuando la Administración del Estado o de las comunidades autónomas crean que un acuerdo de un municipio infringe el ordenamiento jurídico tienen "un plazo máximo de un mes" para recurrirlo. El artículo 58 de la ley Jurisdiccional fija un plazo de dos meses. "El acuerdo hoy impugnado", añade la resolución, "fue adoptado en el año 1979 y desde entonces el plazo de un mes o dos meses, según proceda, ha transcurrido sobradamente". Rechaza así el recurso por haberse sobrepasado el plazo y también niega la nulidad del acuerdo municipal "por vulneración de derechos fundamentales".

En las últimas semanas dos juzgados bilbaínos han ordenado retirar el nombre de Txiki y Otaegi, los dos últimos etarras fusilados por el franquismo, de sendas plazas de Etxebarri y Durango.

Torturas "poco creíbles"

Mientras, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha calificado de "poco creíbles y contradictorias" las denuncias de malos tratos formuladas por el presunto etarra Manex Castro, arrestado el 1 de marzo por la Ertzaintza. La defensa de Castro solicitó una copia de los vídeos que registraron su estancia en dependencias policiales durante su incomunicación, petición a la que se opuso la Fiscalía y que ahora ha sido denegada por el juez. El magistrado tacha de "poco creíbles y contradictorias" las manifestaciones de Castro en su declaraciones judicial, dada su "vaguedad e inconcreción" por referirse únicamente a maltrato psicológico ligado a "inconcretas amenazas contra sus amigos y su madre", que además se ha negado a precisar o explicar.

El juez da mayor credibilidad al "objetivo argumento" de los informes periciales médico-forenses realizados durante su detención y antes de su declaración, que descartan de "manera objetiva y absoluta" el maltrato.