Aplazado el juicio contra un funcionario por extorsión

Al segundo intento tampoco fue posible. Un defecto de forma impidió ayer que se iniciara en Barcelona el juicio por la supuesta trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito de Eixample, Eduard Cabestany, y siete personas más.

Las diligencias se iniciaron en 2004 y, finalmente, el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona abrió juicio oral y remitió el caso al juzgado de lo Penal 23. Sin embargo, debería haberlo enviado a la Audiencia de Barcelona, que al final se ha demostrado que es el órgano competente para el enjuiciamiento. La razón estriba en que el Ayuntamiento de la ciudad ejerce la acusación popular en este caso e imputa el delito de falsedad documental a Cabestany, en su modalidad agravada.

Como ese delito está tipificado con penas de hasta seis años de cárcel, no puede verse en un juzgado de lo penal, cuya competencia alcanza a los hechos penados con un máximo de cinco años. Puede parecer una anécdota, pero vulnerar implicaría la nulidad del juicio si se celebrara. Ahora el caso deberá volver al juzgado de instrucción para que lo remita a la Audiencia y se fije fecha de juicio. Puede ser cuestión de meses o hasta de un año, depende de la sección a la que le corresponda.

El juicio ya fue suspendido el pasado mes de diciembre, cuando se descubrió que un acusado, abogado de profesión, era, además, defensor de otro imputado. Nadie se había apercibido ese detalle, ni tampoco de falta de atribuciones del juzgado que ayer afloró.

El fiscal considera que la red, compuesta por ocho personas para las que solicita penas de 8 a 21 meses de cárcel, cobró diversas cantidades de dinero a cambio de tramitar expedientes para la legalización de 13 locales comerciales en el distrito del Eixample. Además del funcionario municipal Eduard Cabestany, el fiscal acusa al ex funcionario Julián López Sánchez; a dos ingenieros, uno de ellos, Joaquín Quílez, también imputado en otra causa de supuestos sobornos en connivencia con otro funcionario municipal, que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona; a un abogado, y a tres personas más. Quílez, además, está en libertad provisional por la trama de los macroburdeles Riviera y Saratoga.