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COLUMNA

Reformas y contrarreformas

Hay coincidencia general en la necesidad de una serie de reformas en la economía española para superar la crisis (que ha homogeneizado los problemas más inmediatos de todos los países), que se pueda volver a la senda de un mayor crecimiento y conseguir la convergencia real con los más avanzados. En suma, para aumentar el bienestar de los ciudadanos. Son reformas del mercado de trabajo, las pensiones, el sistema educativo, el mercado energético, la mejora de la competitividad, etcétera.

La primera batalla acerca de las reformas estructurales se pierde cuando el ciudadano las identifica con contrarreformas. Con pérdidas de derechos: con contrarreformas. Entonces se anula el consenso previo y las reformas devienen en el centro de una confrontación política e incluso ideológica. Los sindicatos siempre han dicho que se movilizarán en el momento que los cambios devengan en retrocesos sociales. De ahí que Zapatero, ayuno de apoyos parlamentarios, declare que, mientras gobiernen los socialistas, de esta recesión no se saldrá "ni con despido más barato ni con recortes de la protección social". No quiere abrir otro frente.

Los cambios deben comportar sacrificios compartidos: que no cargue con sus consecuencias sólo una parte de la población

Conviene que inmediatamente después de que alguien se pronuncie a favor de las reformas estructurales, indique sus contenidos. Todos no quieren hacer el mismo tipo de reformas. Hasta ahora se había considerado que los cambios, fuesen fruto del pacto político o social o como consecuencia de normas legislativas, deberían comportar "sacrificios compartidos": que no sólo una parte de la población cargase con sus consecuencias más dolorosas. Máxime en un contexto en el que la crisis actual no tiene ni remotamente un origen laboral y en el que, sin embargo, el número de parados se ha más que duplicado en los últimos dos años.

Recientemente ha habido tres tipos de comportamientos sobre la reforma del mercado laboral, que ilustran la capacidad de consenso o ruptura. Primero, la CEOE acaba de hacer pública su propuesta de despido libre en la práctica (todas las decisiones empresariales de extinción de los contratos, con la excepción de las situaciones de embarazo o las licencias de maternidad y paternidad, serán consideradas procedentes), sin más obligación que la de preavisar al trabajador y con un mes de indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un tope de 12 mensualidades. Mientras algún sindicalista ya ha declarado que un marco como el que propone la cúpula patronal no se daba ni en el Chile de Pinochet, el PSOE se opone frontalmente y el PP ha mirado para otro lado.

La segunda oferta es, precisamente, la del PP. Hace unos días se hicieron públicas las "Propuestas del PP sobre reformas estructurales" que no son más que una declaración de principios sin nada dentro. Difícil encontrar hasta ahora en otro documento un grado de inconcreción mayor. Lo único que dice sobre la reforma laboral es que "todas las medidas estructurales deben priorizar la creación de empleo y a ellas debe añadirse una reforma del mercado de trabajo que frene la destrucción de empleo y posibilite la creación de nuevos puestos de trabajo". Ello se conseguiría mediante la promoción de un gran acuerdo parlamentario por el empleo y la competitividad "que facilite la empleabilidad, busque la seguridad de los trabajadores, fomente la contratación, especialmente la indefinida, a través de la bajada selectiva de las cotizaciones sociales y mejore los mecanismos de cobertura por desempleo". Punto. No dice más. ¿Hay alguien que pueda estar en desacuerdo con tal grado de generalidad e inanidad?

El tercer comportamiento lo ha tenido un centenar de algunos de los mejores economistas académicos de este país, que se han arrimado al hecho de que España sufre una destrucción de empleo muy superior a la observada en la mayoría de los países desarrollados. Su propuesta (www.crisis09.es) consiste en actuar en cuatro campos: acabar con la dualidad laboral (un mercado en el que el 30% de los asalariados tiene un contrato temporal), cambiar el diseño de la protección por desempleo, adecuar el sistema de negociar colectiva al nuevo modelo productivo al que intentamos aproximarnos y reformar las políticas activas de empleo. Estos economistas comprometidos proponen un único contrato indefinido para todas las nuevas contrataciones, con una indemnización por año de servicio creciente con la antigüedad. Se pueden discutir los detalles de su propuesta y mejorarla si es posible, pero forma parte de esa filosofía de sacrificios compartidos que parece tan necesaria.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de abril de 2009