Alcanalí cobró cuotas ilegales en un plan urbanístico

Nueva sentencia contra los abusos urbanísticos en La Marina Alta. Un juzgado de Alicante ha condenado al Ayuntamiento de Alcanalí a devolver parte de las cuotas cobradas a cinco propietarios en concepto de urbanización por un PAI desarrollado a partir de 2005 en la zona industrial de este municipio de poco más de 1.500 habitantes. El fallo considera que el Consistorio, gobernado por el PP, no contempló disminución alguna de las cantidades que debían satisfacer los propietarios como consecuencia de las subvenciones recibidas para ejecutar el plan.

En concreto, el PAI recibió ayudas por casi 53.000 euros (12.000 de la Diputación y 41.000 de la Generalitat) para ejecutar sus diferentes infraestructuras. Sin embargo, pese a que el Ayuntamiento recibió ese dinero antes de la aprobación de la reparcelación forzosa del plan, no lo descontó de las cargas que debían asumir los titulares de los terrenos, quienes decidieron recurrir esa decisión. Ahora, el juzgado les ha dado la razón, reconociéndoles su derecho a la devolución de las cantidades económicas cobradas de más, y ha condenado al Consistorio, defendido por un abogado de la Diputación, a pagar las costas del proceso al entender que actuó de mala fe. De hecho, los denunciantes advirtieron al juez de que el Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia ante el TSJ, no había presentado el expediente en el proceso judicial.

La sentencia supone un alivio para los vecinos afectados, en su mayoría propietarios de almacenes y naves industriales que mantienen desde 2003 un duro litigio con el Ayuntamiento por un PAI que les ha obligado a desembolsar cantidades que oscilan entre los 26.000 y los 160.000 euros. De hecho, se vieron obligados a acudir a la vía judicial al rechazar el Ayuntamiento sus recursos.

El PAI ha contemplado la construcción de un transformador eléctrico (que contó con la ayuda de los 40.991 euros de la Consejería de Infraestructuras a través del Plan Plaver), así como la instalación de un colector de saneamiento, la electrificación del entorno, el desarrollo de la zona comercial y la adecuación de las zonas verdes, actuaciones en parte sufragadas por la Diputación. Los denunciantes estudian nuevos recursos si detectan que el Ayuntamiento de Alcanalí recibió otras subvenciones para la apertura de los nuevos viales en el PAI que tampoco han sido descontados de las cuotas de los vecinos.