"Ser un juez progresista significa tener una especial sensibilidad"

No lleva ni 100 días al frente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), y ya fueron varias las medidas urgentes de refuerzo que atender, por causa de un inusitado aumento de casos judiciales originados por la crisis. Los concursos de acreedores aumentaron en un 200% y los despidos en un 55%. Miguel Ángel Cadenas (Ourense, 1947) se estrenó reclamando más medios y confía en que las distintas reformas y medidas en estudio den "un impulso definitivo para lograr un funcionamiento regular" de la Justicia.

Pregunta. Resulta increíble que las nuevas tecnologías sigan sin llegar a la justicia, que ni siquiera se puedan cruzar datos entre jueces, fiscales y policía. ¿Es falta de coordinación?

"Quizás dar más competencias a la Xunta aportase soluciones eficaces"

"No ha aumentado el número de casos pendientes, pese al aumento por la crisis"

Respuesta. Es un problema de inversión. En los órganos judiciales es fundamental cruzar datos, pero nunca existió un sistema que permitiese hacerlo y eso ya generó problemas. No es un problema de coordinación. Pero la independencia, la esencia de nuestra profesión, ha sido durante mucho tiempo también nuestro mayor problema. El juez es independiente, pero entonces es como una especie de residuo que está ahí y no cuentan con él salvo que sea indispensable. La independencia tiene un precio personal y a veces institucional. Cuando la falta de nuevas tecnologías se convierte en un problema generalizado es cuando todo el mundo se pone a trabajar en resolverlo, y es lo que está sucediendo.

P. Independencia sí, pero fue la falta de consenso político lo que bloqueó el Consejo del Poder Judicial y en Galicia se tardó tres años en nombrar un presidente del TSXG. ¿Influye en la mala imagen de la Justicia?

R. Puede influir. Pero el Consejo es el que tiene mandato legal para hacer los nombramientos. La censura se puede formular por no haberlo nombrado antes y por el contenido de la decisión. La demora en el Tribunal Superior de Galicia ha sido una disfunción absoluta, pero no puede deslegitimar al órgano que nombra ni al nombrado.

P. ¿Nunca recibió presiones?

R. Nunca. El juez no es que pueda, es que debe rechazar cualquier tipo de presión efectiva o insinuación. Es su obligación, es la esencia de su función y un mandato explicito de la Constitución, sólo está subordinado a la ley. No es negociable.

P. ¿Le molesta que los políticos comenten sentencias?

R. Es un problema de sensibilidad política, pero la censura de este tipo de actuaciones, cuando se producen, no debe venir del juez, sino de la propia sociedad, y fundamentalmente de los medios de comunicación.

P. Es el primer presidente del TSXG de tendencia progresista. ¿Va suponer una impronta diferente en el ejercicio del cargo?

R. En mi actuación profesional no, en absoluto. Yo siempre trato de aclarar lo de progresista. No rechazo en modo alguno la adjetivación, sería absurdo, pero sí quiero matizarla. Para mí significa tener, y es cómo me siento, una especial sensibilidad. Nada más. Una especial sensibilidad en el aspecto personal, en el profesional y en el social. No se tiene esa condición de progresista por pertenecer a una determinada asociación, sino que es algo que se ha adquirido a lo largo de la vida, por las propias vivencias personales, familiares y fundamentalmente profesionales.

P. Usted se estrenó reclamando más y mejores medios, que es competencia de la Xunta. ¿Debería la comunidad autónoma asumir más competencias?

R. Es un problema relativo, lo fundamental es que quien tenga las competencias, las ejerzca debidamente. Me da lo mismo que sea aquí o allá. A lo mejor si la comunidad autónoma asume competencias que hoy tiene el Consejo General o el ministerio, puede que, por su proximidad, las soluciones sean o más reales o más eficaces, quizás sí. Pero la situación está como está. A lo mejor habría que crear un Consello da Xustiza Galega. Depende de cómo se conciba.

P. ¿Está a favor?

R. Si sólo tiene funciones consultivas o representativas, no tendría excesivo sentido. Otra cosa es si tiene competencias efectivas, como evaluar de forma más próxima las necesidades, los problemas y buscar soluciones. Pero es pura hipótesis. Me parecería bien si fuese así, pero siempre que esté en completa armonía y sea compatible con el Consejo del Poder Judicial.

P. ¿Ayuda tener un ministro gallego?

R. Ilusiona más. Después hay que atenerse a los resultados. Estamos expectantes.

P. Llámese congestión o colapso de la Justicia, es un mal endémico. ¿Llegará realmente algún día el remedio?

R. Cuando la situación deficitaria es tan especial como la que estamos viviendo, porque afecta a muchos aspectos, a los medios, a la estructura, a la organización, incluso a la formación, la medida tiene que ser integral. Y eso es lo que en el momento actual se está intentando afrontar con, por un lado, la reforma de la oficina judicial, y por otro a través de la determinación de las cargas de trabajo, replantearse la planta judicial, el número de jueces y fiscales, el acceso a la carrera judicial o la implantación de medios tecnológicos.

P. ¿El número de asuntos judiciales pendientes, que era muy alto en Galicia, aumentó?

R. Creo que no, la situación está estabilizada. La cifra es elevada porque entra mucho asunto nuevo y se incrementó por la crisis económica. Galicia es la quinta comunidad con mayor entrada de asuntos judiciales.

P. ¿Se adoptaron medidas extraordinarias ante ese aumento de casos por la crisis?

R. Se está produciendo ahora. En Galicia, el año pasado aumentaron en un 200% los concursos de acreedores de empresas [antigua suspensión de pagos], hubo 247 frente a 81 en 2007. Y los despidos pasaron de ser 3.300 a 5.188 al cierre de 2008. Van a seguir aumentando. Tiene un efecto añadido perverso, nos puede llevar a confundir un déficit coyuntural de medios y plantilla judicial con un déficit estructural. A lo mejor hace falta una plantilla de ocho personas, pero sólo temporalmente. La situación económica afecta a órganos concretos, en los juzgados, pero también en los de apelación de segunda instancia, sobre todo en materia de lo social. Hay previsión de darle preferencia a determinadas causas, como los despidos. Pero hay asuntos relacionados con la Seguridad Social que tardan más en resolverse.

P. ¿Y ahí la pendencia es grande?

R. Sí, sobre todo en la Sala de lo Social del Tribunal Superior, que tiene un plan de refuerzo que se está intentando incrementar con más magistrados. El problema en esa sala es resolver recursos contra sentencias en primera instancia. La solución es aumentar, de forma temporal, el número de magistrados. Al cabo de seis meses, se verá si se mantiene o no ese refuerzo. Como ocurrió con los casos del Prestige o de Fadesa.

P. En el caso del Prestige, ha sido especialmente sangrante la lentitud, casi seis años.

R. Es una causa inmensa, cuantitativamente y en complejidad. Lo importante es que se celebre el juicio oral cuanto antes.

P. La crisis también puede suponer que no haya dinero para incrementar los medios que requiere la Justicia.

R. La crisis puede poner de relieve deficiencias estructurales en la Justicia que estaban ahí pero que ahora se hacen inocultables. En ese sentido, bienvenida sea la crisis. En situación de normalidad, los juzgados ya venían afrontando mal que bien el trabajo. Cuando hay un plus de trabajo y de exigencia de respuesta, lo que aflora es la verdadera dimensión del problema de los juzgados. Pero creo que el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio y las comunidades autónomas están trabajando en dar a esta situación un impulso definitivo, con el plan integral de modernización de la Justicia. No es una actualización sino dotar a los órganos judiciales de medios esenciales para lograr un funcionamiento regular de la Administración judicial.