Los paganos de la crisis

La crisis económica está produciendo una destrucción de empleo tan agresiva que la realidad, con más de 4 millones de parados, sobrepasa ya las peores previsiones del Gobierno español sobre la evolución del mercado de trabajo para 2009, y nos encontramos en una situación más próxima a la prevista por la UE. Hemos llegado a un punto crítico en el que es evidente que las medidas están resultando manifiestamente insuficientes. Nuestro motor económico se ha parado, y nuestra prioridad no puede ser otra que reactivarlo.

Si algo está quedando claro es el consenso generalizado en el papel esencial del Estado para resolverla. Las discrepancias surgen al concretar qué es lo que deben hacer los Estados. El FMI auguraba ayer mismo un largo periodo de dificultades si los Gobiernos no adquirían un mayor compromiso en la eliminación de los agujeros financieros que la mala gestión ha producido en las entidades financieras, y que eufemísticamente se llaman activos tóxicos. El resto de propuestas del FMI se orientan a que los Estados recorten sus gastos en inversión productiva y protección social. Es decir, que se concentren en sanear el sistema financiero y se purgue la crisis en los servicios, el nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos.

Las pretensiones de la patronal están orientadas a facilitar el despido, no a crear empleo

Este planteamiento es idéntico al que están realizando algunas instancias políticas, económicas y empresariales, y que las organizaciones sindicales consideramos inaceptable. El Estado, esto es, el conjunto de instituciones y estructuras de gobierno españolas, no puede articular una respuesta a la crisis que convierta a los ciudadanos en los paganos de la misma.

No se puede consentir que se esté hablando de reducción de las pensiones, cuando la cuantía de muchas de ellas es de 400 o 500 euros; no se puede hablar de reducciones salariales cuando hay millones de trabajadores con salarios en torno a los 800 euros; no se puede hablar de incentivar la búsqueda de empleo eliminando prestaciones, porque además de ser injusto, es el camino a la pobreza y a la exclusión social. Y no se puede decir que un nuevo modelo de contrato generará empleo porque es falso. Las pretensiones de la patronal española están orientadas a facilitar el despido, no la creación de empleo, y las medidas que proponen nos abocarían a una precarización del mercado de trabajo y de la calidad de vida, anulando además la posibilidad de reactivar la economía a través del consumo.

El Estado no puede apoyar al sistema financiero y dar la espalda a los ciudadanos. Debe darles respuestas, y esas respuestas deben concretarse en una colaboración efectiva entre las diferentes administraciones para aplicar los recursos y capacidades del Estado, la financiación pública y la capacidad de endeudamiento, para poner en marcha el motor económico y acometer prioritariamente las reformas que puedan contribuir a esa reactivación, y ninguna otra. UGT lleva varios meses reclamando la creación, entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, de una Conferencia de Empleo e Industria, que ya es impostergable.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.