El TSJ ve imposible demoler las obras del Teatro Romano

Sentencia imposible de cumplir. Ese es el dictamen del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respecto a la ejecución del fallo por el que debía demolerse la polémica rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto. El propio TSJ, el 30 de abril de 1993, consideró ilegal la intervención arquitectónica en el monumento saguntino que modificó la cávea y el muro de cierre de la escena. En 2000, el Tribunal Supremo ratificó ese fallo judicial, desestimando el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Sagunto. En 2007, ese mismo tribunal respondió a la petición de Manuel Marco Molines, abogado y ex diputado del PP que interpuso la demanda, que obtuvo respuesta favorable a su petición de ejecución de sentencia. El Supremo dijo claramente que debían levantarse las placas de mármol que modificaban la cávea y rebajar la altura del muro de cierre de la escena. En definitiva, devolver el monumento a su estado anterior a la rehabilitación. Una sucesión de plazos ha dejado la intervención pendiente. Y la Generalitat esgrimió ante el TSJ una imposibilidad que ahora ve amparada.

Marco Molines anunció ayer mismo que recurrirá la decisión. La Generalitat, por su parte, no tardó en expresar su satisfacción por el amparo encontrado en el TSJ. Y el arquitecto valenciano Manuel Portaceli -autor, junto a Giorgio Grassi, de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunt aprobada en 1988 por la Consejería de Cultura- expresó su deseo de que el monumento rehabilitado pueda ser entregado de forma definitiva "al ciudadano, para su uso y disfrute".

El fallo del TSJ ha recogido en efecto las aspiraciones de la Generalitat. Su argumento, en esencia, se sustancia en que la modificación legislativa realizada en 2007 sobre la Ley de Patrimonio daba cobijo a la rehabilitación realizada en el Teatro Romano.

El TSJ considera además que esa modificación no está hecha expresamente para amparar la intervención en el monumento romano sino que tiene un carácter general que "responde a una corriente arquitectónica que tiene más de un siglo". Sin embargo, el auto del plenario de la sala de lo Contencioso-Administrativo tiene un voto particular, extenso y crítico, firmado por el magistrado Fernando Nieto.

Para Nieto, no está ni mucho menos claro que deba darse por imposible la ejecución de la sentencia porque al día siguiente de tirar lo reconstruido podría volverse a hacer al amparo de la modificación legal. Según Nieto, la argumentación del auto tiene carencias y pone en duda que esté garantizado que se resuelve atendiendo a los intereses públicos y no de la Administración competente, la autonómica.

Según explica el magistrado en su voto particular, habría sido más que recomendable que se hubiera contado con informes varios, no solo con el realizado por el Servicio de Patrimonio Arquitectónico, dependiente de la Generalitat.

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Ana Noguera valoró con satisfacción que el TSJ "ponga fin al conflicto". La Generalitat aplaudió el auto que acepta la inejecución de la sentencia que obligaba a demoler la rehabilitación del Teatro Romano. Por su parte, la consejera de Cultura, Trinidad Miró, se felicitó, a través de un comunicado, de que el TSJ haya "entendido y compartido los argumentos del Gobierno valenciano".

Manuel Portaceli, uno de los autores de la rehabilitación polémica, pidió ayer que finalice ya la confrontación por una obra que entiende consolidada y confió en que a partir de ahora efectivamente el monumento sea entregado al público, a los ciudadanos, como el espacio que él y Grassi concibieron en su actuación sobre un tesoro de la arquitectura romana.