La Policía inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo

El Cuerpo Nacional de Policía inspeccionó ayer durante casi todo el día el Registro de la Propiedad Número 4 de Marbella (Málaga) por una investigación de blanqueo de capitales. Los agentes comenzaron por la mañana a tomar fotografías de los distintos libros del registro y continuaban sobre las 19.00.

A esa hora, la registradora Nieves Ozamiz Fortis, no había sido detenida, aunque fuentes policiales consideraban "muy probable" que se le tome declaración como imputada. La Policía solicitó su detención, pero la juez no la autorizó, añaden otras fuentes. Este registro controla inmuebles del núcleo marbellí de San Pedro Alcántara y el municipio vecino de Benahavís.

El caso está en manos de la juez María Jesús del Pilar Márquez, a cargo del juzgado número 2 de Marbella. Se abrió el pasado noviembre como pieza derivada del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, por delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Por aquel entonces trascendió que las investigaciones se centraban en un registro de la propiedad, y la titular del Número 4 de Marbella acudió en el juzgado como decana de los registradores marbellíes para prestar colaboración, explicaron fuentes cercanas al caso.

Los investigadores ya habían pedido explicaciones a la registradora

Durante las primeras pesquisas del caso Hidalgo, los agentes pidieron explicaciones a Ozamiz porque descubrieron que dos empresas investigadas tenían códigos de identificación fiscal (CIF) iguales y esto imposibilitaba acceder a los bienes inmuebles.

En uno de sus informes inciden en el "nerviosismo de la registradora de la propiedad" cuando le preguntaron por qué aparecían vinculadas al CIF de la empresa Príncipe de Vergara Building S. A. propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad Número 4 de Marbella a nombre de la sociedad Brijan S. A. Según su relato, les contestó: "No pasa nada, de todos modos es de los mismos, son los de siempre".

La Policía atribuye esta referencia "indudablemente" a que "todas estas sociedades son controladas y dirigidas por el despacho Cruz Conde y/o Santa Ana" y en los que se centraba el caso Hidalgo de blanqueo de capitales.

Según los agentes, durante esta conversación Ozamiz "dio a entender que no trabajaba en ese registro cuando sucedieron estas supuestas irregularidades" y ordenó a un funcionario que corrigierra de forma inmediata los "errores". Sin embargo, los investigadores sospechan que la firma que aparece en la venta de tres fincas de la sociedad Brijan SA a Dream Hill SL, hecha en 1999, "parece ser" la de la registradora.

"No se trata de un baile de cifras, sino de un cambio completo del conjunto numérico [del CIF]", aseguran en sus conclusiones. "No caben casualidades al ver claramente que, las titularidades afectan siempre al grupo Cruz Conde o a personas físicas y jurídicas relacionadas con el mismo".

Los registradores de la propiedad están obligados, al igual que los notarios y abogados, a informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Seplac) de cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales.