El fiscal acusa a una ex concejal del PP de Ibi de malversación

La Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha remitido al juzgado de Ibi todas las diligencias sobre un presunto delito de malversación de fondos públicos cometidos por la ex concejal de Deportes Ana Sarabia, del PP. El fiscal ha visto indicios de que la edil "destinaba fondos públicos a usos particulares", y comprobado que las cuentas del polideportivo municipal se gestionaban "sin ninguna fiscalización por parte del departamento correspondiente".

Ana Sarabia renunció de su cargo el pasado 6 de abril precisamente porque la Fiscalía de Alcoi inició una investigación por pagos a través de una caja B en el polideportivo municipal, desde donde se pagaban facturas de viajes, ropa y comida. La Fiscalía amplió a los años 2004 al 2008 la investigación sobre la gestión y control de los ingresos obtenidos por las cuotas de los usuarios del polideportivo municipal de Ibi.

Las diligencias iniciadas por la Fiscalía tienen su origen en una denuncia del Grupo Socialista municipal, que presentó ante el ministerio fiscal documentación que hacía referencia al pago de facturas de viajes desde 2004 a cargo de las cuentas del polideportivo municipal y que no fueron fiscalizadas por el interventor del Ayuntamiento. De estos viajes, uno de ellos a Andorra en el año 2007 y otro al Camino de Santiago en 2006, se han beneficiado familiares de la edil dimisionaria de Deportes, Ana Sarabia, y de la alcaldesa Mayte Parra, según los socialistas.

Segunda investigación

Esta es la segunda investigación judicial que afecta al Ayuntamiento de Ibi tras la crisis en el Grupo Popular a raíz de la expulsión de la concejal ripollista Felicidad Peñalver. La primera es consecuencia de una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante sobre supuestas ilegalidades en la tramitación de un PAI. La Fiscalía ha remitido al juez la denuncia al observar indicios de un posible delito de cohecho. La magistrada del juzgado número 1 de Ibi ha comenzado a investigar el posible cobro irregular por parte de los técnicos municipales por asesoramiento técnico y ha citado a declarar como imputados a los cuatro técnicos denunciados por la promotora Toplabi, SL, por exigirle pagos para que el Ayuntamiento diese por acabado un proyecto urbanístico. Según la representante de la empresa, pagó 5.275 euros a cuenta de los honorarios estipulados por la asistencia técnica.