Jueces y fiscales sostienen que el 'caso Gürtel' acabará en el Supremo

El caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al PP, acabará en el Tribunal Supremo, según sostienen fuentes judiciales y fiscales consultadas por este periódico, aunque aún no parece ser el momento idóneo para remitirlo. En el actual estado de la causa, aseguran, la Sala Penal difícilmente aceptaría tener que practicar una instrucción tan complicada y que podría prolongarse durante dos o tres años.

El Supremo no es un tribunal diseñado para practicar largas y complejas instrucciones, por lo que tiende a admitir los procesos cuando ya están individualizadas las responsabilidades de los aforados respecto de los demás imputados en el proceso. La Sala Penal ha establecido que el instructor "puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen la imputación", lo que implica que hay que apurar la instrucción antes de elevar una causa al Supremo.

La Sala Penal no admitiría ahora una causa compleja y sin desbrozar

Los tribunales de Madrid y Valencia no descartan enviar el caso al Supremo

Esa idea ya fue exprimida por el alto tribunal, en el caso Segundo Marey en el que fueron condenados por secuestro el ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Garzón realizó una extensa investigación y sólo cuando faltaba llamar a declarar a Barrionuevo como imputado elevó el asunto a la sala Segunda, sin perjuicio de que el nuevo instructor, Eduardo Móner, repitiese la mayoría de las diligencias. Lo que entonces se predicó para Garzón vale también hoy, para él y para los demás instructores de los tribunales superiores de Madrid y Valencia.

Durante el tiempo que Garzón ha instruido el caso Gürtel ha imputado a 55 personas, aunque el total es de 62 implicados incluyendo a Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana, del PP), Luis Bárcenas (senador y tesorero del PP), Gerardo Galeote (eurodiputado del PP) y demás aforados, y ha acumulado nueve cajas de 2.000 folios cada una. Si se remitiesen en este momento todas las actuaciones a la Sala Penal del Supremo, el fuero del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del eurodiputado Gerardo Galeote arrastraría al alto tribunal a todos los demás implicados. Y en la Sala Penal aún se recuerda con horror el caso Filesa sobre financiación irregular del PSOE, y la polémica y accidentada instrucción del juez Marino Barbero, empeñado en tomar declaración a los primeros banqueros del país, las decenas de miles de folios acumulados durante años y la espantada final del magistrado, que abandonó la carrera judicial cuando no supo qué hacer con todo el material acumulado.

Por eso, parece que de momento la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción está orientada a cimentar los indicios existentes contra Bárcenas y Galeote antes de instar una exposición razonada para elevar la causa al Supremo. Según las fuentes consultadas, si el proceso se remitiese ahora en bruto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, éste se expone a que el Supremo le devuelva la causa, con la indicación de que desbroce el procedimiento y al menos investigue a los aforados madrileños. Lo mismo ocurriría si el de Valencia hiciese lo propio con Francisco Camps y Ricardo Costa.

Con todo, los mismos problemas de infraestructura para instruir procesos de complejo contenido económico, o más agravados aún, los tienen los tribunales superiores de justicia, que tampoco verían con malos ojos poder remitir cuanto antes el caso Gürtel al Tribunal Supremo.

Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que lo más probable es que a medio plazo el caso pase al Supremo, desde el punto de vista procesal el PP tiene cierto margen de maniobra para que el debate jurídico tenga lugar en algún tribunal más favorable a sus intereses. Ya lo hizo en el denominado caso Zamora, cuando instó la dimisión del diputado José Manuel Peñalosa y el senador Dionisio García Carnero (hoy es de nuevo senador) y el asunto, que salpicaba de cerca a Aznar, salió del Supremo para acabar pudriéndose en un juzgado de Zamora donde fue archivado un par de años después.

Si el PP se viera en la necesidad, podría forzar la dimisión de sus aforados Bárcenas y Galeote y el caso pasaría automáticamente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por el momento el PP ha optado por mantener el aforamiento de los dimitidos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch para evitar que el caso pueda volver a manos del juez Baltasar Garzón.