Pacientes violentos

Un primer estudio riguroso realizado por seis médicos españoles llega a la conclusión de que el 11% de los trabajadores sanitarios ha sufrido una agresión física alguna vez por parte de los pacientes y que el 64% ha sido víctima de amenazas, intimidación e insultos. Los datos refuerzan así las reivindicaciones de médicos y enfermeras, que reclaman más sistemas de seguridad en los centros sanitarios y ser considerados como autoridad cuando están desarrollando sus funciones, de modo que dichas agresiones sean consideradas de mayor gravedad.

Es urgente afrontar este problema que, según análisis realizados en otros países, va en aumento. Agredir a los trabajadores sanitarios es una actitud intolerable que debe ser perseguida y penalizada. Pero la solución no pasa por meras medidas represivas contra ciudadanos que en su mayoría no son violentos fuera de la consulta o del hospital ni por exigir al paciente un respeto y un sometimiento impropios de nuestros tiempos.

El propio estudio, publicado recientemente en el International Journal of Occupational and Environmental Health, aporta algunas claves sobre la raíz del problema. En los pequeños hospitales no hay tantos insultos y amenazas como en los grandes, y en los primeros el porcentaje de agresiones físicas es incluso la mitad del que se sufre en los grandes. Allí donde los profesionales disponen de más tiempo y recursos, la relación entre los sanitarios y los pacientes es mucho mejor, concluye el propio informe.

Por desgracia, muchos ciudadanos conocen el maltrato al que se les somete sistemáticamente en los hospitales y los centros de salud cuando acuden en difíciles circunstancias, aquejados por una dolencia que les preocupa. Los tiempos de espera son interminables y endémicos. Dormir en el pasillo sin intimidad es demasiado habitual. Lograr los informes sobre uno mismo o información detallada y comprensible es a veces tarea titánica.

Ni las enfermeras, principales sujetos de las agresiones, ni los médicos son responsables de una situación que enerva a miles de ciudadanos cada día. Las administraciones sanitarias, dependientes de los Gobiernos autónomos, deben atajar el problema y devolver a trabajadores y pacientes la dignidad y el trato que merecen para desarrollar su labor los primeros, y para utilizar los segundos un servicio que sufragan con sus impuestos.