Las ruinas del narcotráfico

Lujosas mansiones, veloces planeadoras, barcos nodriza y todo tipo de costoso mobiliario embargados en los últimos cinco años a las redes del narcotráfico que operan en las rías gallegas y con un valor total de unos 30 millones de euros, sucumben al paso del tiempo y la ruina. Una situación de abandono que supera a los juzgados, impotentes para garantizar que estos bienes adquiridos con el dinero de la droga puedan revertir al Estado.

Nadie se atreve a cuantificar las pérdidas surgidas tras largos años de embargos preventivos porque son incalculables si la estadística se remonta al principio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en Galicia en 1990 con la Operación Nécora. La falta de una legislación específica ha provocado que decenas de narcobuques hayan acabado devorados por el salitre, en el fondo del mar o incluso como refugio de personas sin techo. Algunos puertos, como el de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), se han convertido en cementerios marinos.

La expropiación y la gestión de los patrimonios no están reguladas

El fiscal Antidroga de Pontevedra pide un depósito para bienes embargados

En los depósitos de Aduanas y en las comandancias de Marina se amontonaron durante años planeadoras y lanzaderas, con todos sus instrumentos de navegación, que utilizaban contrabandistas de tabaco y narcotraficantes, y en las comisarías de policía, vehículos de todas las gamas se fueron aparcando hasta convertirse en chatarra.

Tampoco han corrido mejor suerte muchas de las propiedades embargadas por la Audiencia Nacional en la década de los 90. Algunas que pertenecieron al famoso clan de Los Charlines fueron saqueadas o acabaron arruinadas. Sólo llegó a venderse en 2008, por 15 millones de euros, el Pazo de Baión, la mansión de Laureano Oubiña, 12 años después de ser incautado.

Los legisladores no tuvieron capacidad de reacción ante la sucesión de redadas antidroga y de todo lo que estaba por llegar con el nuevo milenio en operaciones contra el blanqueo de dinero. Sólo a partir de 2006, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitió enajenar bienes que fueran objeto o instrumento de delito. Un año antes, otra normativa dejó vía libre a las autoridades portuarias para disponer, siempre que lo autorizase un juez, de los barcos fondeados, ante el enorme riesgo que suponía su atraque sine die. Pero en la práctica la norma es insuficiente. La saturación impide vender o sacar a subasta todos los bienes.

Así proliferan casos como el de los 50 inmuebles embargados a Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, un camarero de Ribeira (A Coruña) convertido en narcotraficante. Están abandonados a su suerte y sin administración judicial desde hace cinco años. Un hotel a pie de la playa, chalés con piscinas climatizadas, enormes pantallas de plasma, frigoríficos de última generación y todo tipo de lujoso mobiliario se devalúan cada día. Además, comunidades de vecinos reclaman los gastos de algunos de los 20 pisos embargados que Pelopincho tenía a nombre de otros tantos testaferros.

El fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, admite que la Justicia aún se ve impotente mientras se repite la situación de abandono de barcos y propiedades equipadas sin reparar en gastos. Azcárraga afirma que la incautación y la gestión de los patrimonios siguen huérfanos de una regulación específica, y que no existe una cultura judicial de la enajenación anticipada, ni los que deben instarla están mentalizados para ello, porque en contados casos se aplica la normativa. "Y es precisamente a través de esta medida cómo el ciudadano percibe que la Justicia actúa, produciendo un efecto ejemplarizante y también de alivio al comprobar que el delincuente no desarrolla su actividad impunemente. Estos datos deberían constituir suficiente acicate para que el legislador regulara con eficacia y precisión unas medidas de efectos tan notables", explica.

Desde el principio de su dilatada carrera contra el narcotráfico, Azcárraga dice que ha captado una permanente reticencia, tanto por parte de jueces como de fiscales, a la hora de incautar bienes, a pesar de su evidente deterioro y del elevado coste de su custodia. "Es el encorsetamiento burocrático que envuelve la instrucción penal y que resulta más llamativo, si cabe, cuando al titular de los bienes se le han intervenido los teléfonos, se le detiene, se allana y se registra su domicilio y, por último, ingresa en prisión por tráfico de drogas, mientras la embarcación en la que había portado la droga queda amarrada en un puerto hasta convertirse en chatarra", señala.

Además de la creación de un depósito general de bienes embargados, el fiscal propone crear un organismo dedicado a esta tarea. "Es decir, eliminar las reticencias de jueces y fiscales, encomendándoles la labor estrictamente jurisdiccional, y obtener los mejores rendimientos económicos del patrimonio incautado, que implica una mayor financiación para el desarrollo de políticas sociales de los drogodependientes. Es el Plan Nacional sobre Drogas el que dispone de los medios adecuados para asumir estas funciones porque es el último destinatario de los decomisos y el más interesado en recibirlos. Para ello bastaría la reforma de su normativa reguladora", apunta.

La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional está diseñando fórmulas para la incautación de bienes que estarían reguladas en un convenio que implique a varios ministerios.