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LA RENTA BÁSICA CUMPLE 20 AÑOS

Las familias que cobran ayudas a la pobreza se multiplican casi por diez

El País Vasco fue la primera comunidad en poner en marcha un 'salario social'

El Plan de Lucha contra la Pobreza, promovido por el entonces lehendakari José Antonio Ardanza en 1989, supuso la implantación de un salario social para las familias carentes de recursos económicos, una medida inédita en ese momento en España. Cuando se acaban de cumplir 20 años de la puesta en marcha de esta prestación, que hoy se conoce popularmente como renta básica, el número de familias que se acogen a esas ayudas a la pobreza se ha multiplicado casi por diez, pasando de las 4.885 contabilizadas en 1989 a las 39.715 del año pasado y en el presente ejercicio volverán a crecer. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, este tipo de renta es un derecho subjetivo de los ciudadanos regulado por ley, es decir, que no se encuentra limitada a cantidades presupuestarias, programas o plazos.

La renta básica garantiza un ingreso mensual de al menos 640,64 euros

"Cuando los parados dejen de percibir el desempleo habrá una avalancha"

En la actualidad, la renta básica garantiza unos ingresos mensuales equivalentes al 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que representa 640,64 euros mensuales brutos en el caso de tratarse de un hogar formado por una sola persona. En los de dos miembros, la cuantía crece un 28% (hasta los 822,64 euros) y sigue subiendo conforme hay más personas en la familia, hasta un máximo de 910 euros anuales. La previsión del Gobierno en funciones pasaba por destinar 245,66 millones de euros este año a dicha prestación, aunque dependiendo de cómo evolucione el número de perceptores la cuantía puede aumentar.

En la actual coyuntura de crisis, el número de beneficiarios de la renta básica crecerá presumiblemente de manera notable, probablemente a finales de año. El viceconsejero de Inserción Social en funciones, Manuel Vigo, quien ha gestionado todo lo relacionado con el salario social desde hace ocho años, apunta: "Cuando los parados dejen de percibir las prestaciones por desempleo se notará la avalancha hacia la renta básica". "Al tratarse de un derecho subjetivo se puede detraer dinero de cualquier sitio", añade.

La instauración del pago de un salario social nació alejada de cualquier planteamiento de tipo asistencial o de caridad. Se trataba de tender un puente hacia la inserción en el mercado laboral de las personas con menos posibilidades para ello. Y ésa sigue siendo la máxima. Entre otras iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos tiempos para lograr tal cometido sobresalen el programa Auzolan (trabajos en favor de la comunidad) y la promoción y apoyo hacia las empresas de inserción.

La orientación de la lucha contra la pobreza y la marginación en Euskadi experimentó un giro considerable cuando empezaron a aplicarse en 2000 los convenios de inserción, suscritos por los servicios sociales de los ayuntamientos y las personas que pretenden beneficiarse de las ayudas. Esta especie de contratos pueden ser anulados si el beneficiario interrumpe su proceso de inserción y búsqueda de empleo. "De lo que se trata es de que la persona que recibe la ayuda no adopte una actitud pasiva y se conforme con la prestación, sino que demuestre que se hace merecedor de ella intentando incorporarse al mercado de trabajo", apunta Vigo.

"Se da una prestación", añade, "para posibilitar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos que aún se encuentran en condiciones de trabajar". Además de ofrecer formación, el modelo vasco de lucha contra la pobreza se completa con un sistema de seguimiento y evaluación de los progresos de los perceptores. "Los ayuntamientos cuentan con la herramienta informática necesaria para realizar el seguimiento. Se trata de que la utilicen, porque es fundamental para que el sistema funcione", advierte Vigo.

Un exceso de recaudación

El actual parlamentario del PSE Jesús Loza fue uno de los políticos que puso en marcha el salario social en 1989, cuando era diputado de Bienestar Social alavés. Junto a Loza, estuvieron en la génesis del proyecto sus homólogos de Vizcaya y de Guipúzcoa y el entonces consejero de Trabajo y Seguridad Social, el peneuvista José Ignacio Arrieta. En marzo de 1989 se puso en marcha. ¿Cómo surgió? "La idea nace de un excedente de recaudación de las diputaciones. En el Gobierno de coalición PNV-PSE se plantearon dos objetivos: hacer un plan de infraestructura y otro plan de lucha contra la pobreza. Se había hecho ya la reconversión industrial en Euskadi y nos hallábamos en una época de crecimiento económico". Durante tres meses los tres diputados de Bienestar Social se encerraron en la sede del Ejecutivo junto al consejero y su equipo para alumbrar el proyecto. Corría septiembre de 1988.

Después vinieron los problemas con el Gobierno central. Bueno, con una parte del Ejecutivo. "El Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social nos dieron muchas ideas para poner en marcha la iniciativa, pero tuvimos problemas con la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández", recuerda hoy Loza. "Decía que la ayuda económica no era incentivadora para el empleo, pero nosotros le insistíamos en que el plan tenía tres patas: incremento de los servicios sociales de base, prestaciones económicas e instrumentos para la inserción laboral, que era la verdadera finalidad del proyecto".

En este punto, Loza destaca el papel jugado por Ramón Jáuregui, entonces vicelehendakari. "Dijo que se ponía en marcha con todas las consecuencias, estuviera o no de acuerdo la ministra".

"Nunca dejo de buscar trabajo"

J.A.A., de 33 años, empezó a cobrar la renta básica hace tres años. Desde entonces ha entrado y salido de este sistema a medida que conseguía un trabajo con el que salir adelante. Está casado y tiene un hijo. Su esposa no trabaja "ni tiene expectativas de hacerlo a corto ni medio plazo", comenta con desaliento.

En esta situación, el salario social se ha convertido en su asidero más sólido, en el colchón para amortiguar el efecto de la crisis. "Nunca dejo de buscar trabajo", afirma resuelto. ¿Y si el trabajo que le ofrecen supone cobrar menos que la prestación de la renta básica? "No importa, lo cojo. Me parece injusto que se pueda cobrar más sin trabajar que trabajando", responde sin dudarlo.

Su esperanza es salir de la mala racha pronto y que "todo vuelva a ser como antes", cuando podía encontrar trabajo en la construcción. Sólo con estudios de Secundaria, J.A.A. apostó por trabajar desde muy joven, dejando los libros de lado. "Nunca me gustó estudiar. Obtener el Graduado en Secundaria fue un triunfo". En estos momentos, percibir la renta básica supone su "tabla de salvación". Las ayudas del resto de la familia son improbables. "Mis padres tienen tantos problemas como yo", reconoce.

El perfil de J.A.A. no se corresponde exactamente con el del actual perceptor de renta básica, que obedece en un 30% de los casos al de una persona sola; mujer menor de 35 años y cabeza de familia (16%), mujer mayor de 35-54 y con personas a su cargo (20%) o mujer mayor de 55 años, viudas por lo general (20%).

Un 40% de los perceptores la cobra durante más de cuatro años, otro 40% menos de dos años y el 20% restante entre dos y cuatro años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de abril de 2009

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