El tripartito catalán mete presión
PSC, ERC e ICV reafirman su pacto y ponen fecha a las reivindicaciones pendientes
![Miquel Noguer](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F082d8fd7-6779-4fc0-8145-823b596c9b64.png?auth=e6f54178eeab26a72b057e7ff358758b187205b65563dc1132f7c9e88e0bcd6c&width=100&height=100&smart=true)
Con buena parte de los traspasos encallados y sin acuerdo en financiación autonómica, el Gobierno catalán optó ayer por dar una respuesta contundente a los últimos cambios ministeriales. Los tres partidos que apoyan el Ejecutivo del socialista José Montilla acordaron la actualización de su pacto de Gobierno para dejar claro que el tripartito piensa agotar la legislatura y para alzar la voz ante los incumplimientos del Gobierno central. El documento pactado pone a prueba el giro autonomista del Gobierno pidiendo, para antes de fin de año, el traspaso del servicio de Cercanías, la gestión de becas y la transferencia a la Generalitat de los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell.
Todas estas demandas son compromisos no cumplidos del presidente del Gobierno. Zapatero fijó para 1 de enero de 2008 el traspaso de Cercanías. En 2006 prometió negociar con Montilla el traspaso de los aeropuertos, algo que no se ha hecho. Zapatero también prometió en 2007 que la Generalitat participaría "en breve" de la gestión del aeropuerto de Barcelona.
Para lo que el tripartito no fija plazo es para la financiación, una vez que ya se ha superado el plazo del 9 de agosto de 2008 establecido por el Estatuto. Eso sí, el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa-Esquerra Unida se conjuraron ayer para rechazar toda oferta que no se ajuste al Estatuto.
Una vez recordados los incumplimientos, los socialistas catalanes introdujeron dos medidas para limar asperezas con el Gobierno central. Concretamente, lograron la renuncia de sus socios a incluir cifras de inversión concretas en el nuevo acuerdo, algo que deja espacio para las negociaciones políticas en la financiación. El pacto también establece que, ante una eventual sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, el tripartito actuará de forma "unitaria" y dará una respuesta coordinada y "liderada" por el Gobierno de Montilla.
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