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El Consorcio de la Copa hace aguas

La deuda de las instituciones del PP y la tensión con el Gobierno lastran la entidad

La sentencia que ha dado la razón al equipo norteamericano del BMW Oracle en su litigio con los suizos del Alinghi abre una etapa de la Copa del América llena de complicaciones. Para los equipos inscritos, que se ven abocados a contemplar desde tierra un duelo entre los dos barcos litigantes en 2010; para hosteleros y demás empresarios, que esperan con ansia que se reactive la dársena deportiva del puerto; y para el Consorcio Valencia 2007, que vive su peor crisis desde que lo crearon las tres administraciones para las regatas celebradas hace dos años.

El organismo deberá afrontar la negociación de la próxima edición si Alinghi confirma que Valencia será la sede de la Copa, aunque sea solo para un mano a mano con BMW Oracle. Y lo hará en una situación de fuertes tensiones después de que el Ayuntamiento y la Generalitat se lanzaran en solitario a firmar un contrato por 18 millones de euros con la empresa de los suizos America's Cup Management (ACM) para regatas en julio y octubre que han perdido su atractivo por la sentencia, a la que no quisieron esperar y que se conoció un día después de la firma.

Ayuntamiento y Consell no ponen fecha al pago de 24 millones

El organismo acumula pérdidas y tiene pendiente el préstamo del ICO

La decisión del PP de pactar las regatas sin el consenso del Gobierno, que consideró abusivas las condiciones de ACM con el pleito por resolver, ha abierto un boquete en la línea de flotación del Consorcio, tocado políticamente por la ruptura en torno al contrato, y también financieramente. La entidad atraviesa "una situación económica complicada", advirtió la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, tras el consejo rector del 25 de marzo. La entidad encadena varios ejercicios con fondos propios negativos y este año acabará también en números rojos. Los ingresos de la explotación de la dársena no cubren el gasto corriente, y se acerca el momento de pagar el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las obras que convirtieron la dársena del puerto en sede de las regatas. Ante este estado de cuentas, el Ejecutivo reclamó en la reunión a las Administraciones del PP que salden su deuda de 24 millones de euros con el Consorcio. Pero el Ayuntamiento y el Consell se niegan a poner fecha al ingreso y minimizan el agujero económico, lo que ha recrudecido el enfrentamiento en el Consorcio.

La situación de la entidad se agrava año a año. Según los datos de las cuentas del Consorcio a los que ha tenido acceso este periódico, el ejercicio de 2006 acabó con unas pérdidas de 23,8 millones de euros. Descontada la parte del canon a ACM que pagaron las Administraciones por la Copa de 2007, las amortizaciones de infraestructuras de la dársena y los intereses del préstamo del ICO, que no implican salida de dinero de la caja porque no se pagarán hasta 2010, esas pérdidas se limitaron a 79.000 euros. Un balance asumible porque el Consorcio prácticamente logró hacer frente a sus gastos corrientes. Sin embargo, con las pérdidas de otros ejercicios las cuentas se cerraron con fondos propios negativos de 15 millones de euros. De aplicarse la normativa de las sociedades mercantiles, que no rige para este consorcio, la entidad habría estado obligada a disolverse por registrar fondos propios inferiores a la mitad de su capital social.

Para reequilibrar las cuentas, las tres Administraciones acordaron en 2006 aportar 40 millones de euros, lo que no ocurrió. El compromiso se renovó al año siguiente, el de la Copa del América, que implicó gastos superiores por la celebración del evento que agravaron las pérdidas. Para compensarlas en parte, el Gobierno inyectó en el Consorcio 16 millones de euros, y aunque el balance registra la parte de la Generalitat (16 millones) y del Ayuntamiento (8 millones), el dinero no ha entrado en la caja. En 2008, la entidad ha sobrevivido el día a día con el dinero del Ejecutivo, como recalcó hace dos semanas la ministra. En ese último ejercicio, con la explotación de la dársena limitada por el gran premio de la Fórmula 1, el Consorcio tampoco logró autofinanciarse con los ingresos corrientes, de poco más de tres millones de euros, y terminó con fondos propios negativos de 30,6 millones de euros.

La previsión de este año oscurece aún más el panorama, con unos ingresos ordinarios de 1,2 millones de euros que no cubrirán ni las nóminas del personal, de 1,7 millones de euros. Los fondos propios acabarán en números rojos de 60 millones, según el avance del Consorcio. Sin nuevas aportaciones de las instituciones, el organismo estará en una situación más que delicada, especialmente de cara a 2010, cuando llamará a la puerta el ICO con las cuotas a 25 años de los 331 millones de euros consumidos por el Consorcio en infraestructuras de la dársena y gastos financieros.

"Es más dinámico pagar el canon que al Consorcio", ha sido la respuesta de Rita Barberá mientras el Consell miraba hacia otro lado. Ayuntamiento y Generalitat, según recalcan fuentes gubernamentales, no aprovecharon la ocasión de saldar su deuda cuando ACM les devolvió la parte del canon adelantado para la Copa inicialmente firmada para este año y que quedó anulada por el pleito entre Alinghi y BMW Oracle. Salgado también expresó tras la última reunión su sorpresa ante el hecho de que las instituciones valencianas no afronten su deuda, pero estén dispuestas a pagar este año 18 millones para regatas en julio y octubre. La factura sigue sobre la mesa del Consorcio, abocado a pactar soluciones para reflotar la entidad y asumir posibles compromisos con la Copa.

Desencuentros de principio a fin

El Consorcio Valencia 2007 ha vivido encontronazos sonados desde que el PP perdió las elecciones de 2004 y entró en el organismo el Ejecutivo socialista de la mano del entonces ministro Jordi Sevilla. Los cambios en las obras de la dársena y en el Consorcio que impulsó Sevilla no gustaron al PP. El Gobierno, además, rechazó la pretensión de la alcaldesa, Rita Barberá, y del Consell de Francisco Camps de que el Estado asumiera también una larga lista de obras en la ciudad de cara a la Copa de 2007 que engordaba la factura total hasta los 1.600 millones de euros.

Las instituciones valencianas, que se limitaron al pago de su parte del canon por la Copa, lanzaron entonces el mensaje de que los socialistas no apostaban por Valencia. Barberá no ha dejado de manifestar que el Gobierno "no ha puesto un euro" y ha rechazado como otro agravio la pretensión de que ceda de forma rotatoria la presidencia del Consorcio.

La alcaldesa recurre a menudo a la comparación con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Zaragoza para reclamar más dinero del Estado. Esgrime, además, que los 331 millones del crédito del ICO para la dársena no salen de los Presupuestos Generales y que el Gobierno "sólo" ha puesto el aval. Sin embargo, con la situación del Consorcio, que no genera suficientes ingresos de la explotación de la dársena, sería el Estado el que afrontara el pago como único avalista. No ocurre lo mismo en el caso de la Expo de Zaragoza, donde la inversión también la avalan el Ayuntamiento y el Gobierno aragonés.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 6 de abril de 2009

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