La familia del alcalde de La Nucia urbanizó 44.000 metros cuadrados
La adjudicación del PAI se decidió con la abstención de Bernabé Cano
La familia del alcalde de La Nucia, el popular Bernabé Cano, tiene experiencia en la gestión de proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento de La Nucia acordó el 7 de octubre de 2002 adjudicar la condición de agente urbanizador del sector La Favara, de 44.241 metros cuadrados, a Ángeles y Gabriel García Saiz, madre y tío del alcalde, Bernabé Cano.
La corporación aprobó el PAI, el proyecto de urbanización, el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación que presentaron los familiares de Cano. Y lo hizo bajo el régimen de adjudicación preferente y con la abstención plenaria del alcalde, dado que la familia era la propietaria de la totalidad del suelo del sector.
Tan solo dos meses después, la familia del alcalde cedió la condición de agente urbanizador a la empresa Saga Bonperal, SL, que pagó a los parientes del primer edil más de tres millones de euros por tres parcelas del PAI que sumaban 10.551 metros cuadrados. Según los datos de Registro de la Propiedad, estas parcelas tenían unas cargas de urbanización de 275.000 euros, lo que le otorgaba una valoración al suelo ya urbanizado de 312 euros el metro.
El cabecilla de la trama corrupta intentó entrar en el PAI de Pie de Monte
Además de esta venta, la familia del alcalde se quedó con otras siete parcelas edificables con una superficie total de 10.397 metros, por las que tuvieron que afrontar unas cargas de urbanización de 267.000 euros. Finalmente, Saga Bonperal también edificó estos solares. La urbanización cuenta con casi 400 viviendas, otros tantos garajes y docenas de locales comerciales.Saga Bonperal, SL, la promotora que se encargó de urbanizar y construir las parcelas de la familia del alcalde, Bernabé Cano, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos, tras desarrollar el PAI La Favara de la familia del alcalde continuaron su excelente relación con el alcalde en La Nucia y se han adjudicado la urbanización de los PAI de la Serreta y Pie de Monte.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme son vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de la empresa Cases del Pinar, SL, que recibió la condición de agente urbanizador del PAI de la Serreta en junio de 2005, una actuación de 2,8 millones de metros en los que se prevén construir 3.884 viviendas y un campo de golf, aunque el Ayuntamiento todavía debe aprobar el proyecto de reparcelación que tiene en estudio. En Cases del Pinar, SL aparece como socio mayoritario el grupo Ballester.
Los dos promotores también son administradores de Montemar La Nucia, SL, agente urbanizador del PAI Pie de Monte, que lidera otro conocido constructor de Benidorm, Francisco Murcia Puchades.
Según publicó EL PAÍS el pasado 7 de febrero, una de las grabaciones obtenidas que sirvió de base para desmantelar la trama de empresas corruptas vinculada al PP que dirigía Francisco Correa desvela que éste manifestó que el alcalde tenía unos amigos constructores con los que iba a hacer negocios.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo", afirmaba Correa en la conversación grabada.
Correa visitó, al menos dos veces, Benidorm para cerrar la compra de un porcentaje del PAI Pie de Monte con los responsables de la empresa urbanizadora y, finalmente, consiguió el compromiso de obtener un tercio del suelo en una opción de compra que no llegó a ejecutarse. También participó en la negociación Pablo Crespo, administrador único de Orange Market y señalado por el sastre de Forever Young, José Tomás, como autor de los pagos con fajos de billetes de 500 euros de los trajes que, supuestamente, eran para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, además del mismo Álvaro Pérez. No obstante, quien cerró la opción sobre el PAI Pie de Monte fue Jacobo Gordon, amigo de infancia de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. El negocio debía reportarle a la trama 72 millones de euros de beneficios, según dijo Correa.
El PAI Pie de Monte fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en septiembre de 2004, pero tiene un informe de impacto ambiental con 22 reparos y no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo, que lo llegó a estudiar, lo rechazó a finales de 2007. Precisamente "el tema ambiental" era el trámite que debía sortear Correa utilizando su supuesta influencia en la Administración valenciana. Una gran parte del millón de metros que comprende se quemó en un incendio provocado por un temporal.
