El PP para una investigación sobre la trama corrupta

La Mesa de las Cortes dedicó ayer una reunión monográfica a obstruir el control del Consell. No se admitió ningún recurso contra el bloqueo de centenares de preguntas en torno a las relaciones de la Generalitat con las empresas vinculadas a la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. No se admitieron preguntas sobre proyectos urbanísticos de empresas de José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón. Se concedieron prórrogas al consejero de Gobernación para responder a preguntas sobre Construcciones Taroncher, la empresa gestionada por un íntimo amigo de Serafín Castellano que ha contratado siete millones de euros con diversas Administraciones desde 2000. Y se rechazó la constitución de una comisión de investigación que pedía Compromís sobre las relaciones de la Generalitat con empresas vinculadas a la Operación Gürtel.

Luna: "Consideran molesto el régimen parlamentario, como Berlusconi"

"El asunto está sub iudice", argumentó Rafael Maluenda, portavoz del PP. "Se rechaza la comisión de investigación para no interferir la Justicia", dijo, "en este momento no corresponde".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que el PP impulsó sin problemas una investigación en la Asamblea de Madrid en torno a supuestos casos de espionaje mientras se cruzaban en los juzgados denuncias de varios afectados.

Ángel Luna, portavoz socialista, desconfió de la capacidad de las comisiones parlamentarias de investigación. Pero lamentó la actitud obstruccionista del PP. "El informe del fiscal al Tribunal Constitucional sobre vulneración de derechos parlamentarios en las Cortes no mueve un ápice los fundamentos morales de la presidenta", comentó Luna, "se deduce del informe un pronunciamiento claro y contundente, pero el PP parece adoptar la posición de Silvio Berlusconi, que considera molesto el régimen parlamentario".

Oltra, autora del recurso ante el Tribunal Constitucional como abogada de Esquerra Unida en noviembre de 2005, subrayó que la Mesa obstruye el control del Consell con el recurso a la escasa trascendencia pública de los afectados, uno de los argumentos que desmonta el fiscal.

Pero el PP hizo oídos sordos. La socialista Isabel Escudero, vicepresidenta segunda de las Cortes, hizo notar a sus compañeros de la Mesa que "las mayorías absolutas no pueden servir para dar por válidos razonamientos peregrinos para obstaculizar la labor de la oposición" y que "hay actitudes que no se pueden adoptar por mucha mayoría absoluta de la que se disfrute". Pero Milagrosa Martínez no se sintió aludida ni solicitó información al letrado.

Maluenda, portavoz adjunto del PP, explicó a los periodistas que el Reglamento de las Cortes es "imperativo" cuando establece que "la Mesa no tramitará preguntas que refieran a personas o empresas sin trascendencia pública" y explicó cómo se calibra esa trascendencia: "Yo, que me dedico a la vida pública, soy incapaz de darle el nombre de ninguna empresa de la trama al margen de Market Orange y Taroncher y Asociados".

José Ramón García Antón, consejero de Medio Ambiente, que debía comparecer en comisión, plantó a los diputados alegado una "indisposición sobrevenida".