El fiscal pide al Constitucional que impida el bloqueo a la oposición

El fiscal pide al Tribunal Constitucional que anule varios acuerdos adoptados por la Mesa de las Cortes Valencianas cuando se negó a tramitar varias preguntas parlamentarias y una solicitud de comparecencia formuladas por tres diputados del grupo parlamentario Esquerra Unida-L'Entesa durante la pasada legislatura.

El escrito del fiscal, comunicado el viernes a las partes, considera que la Mesa vulneró el derecho a "acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos" que consagra la Constitución Española al rechazar tramitar las preguntas de los diputados de Esquerra Unida "sin mayor explicación".

La Mesa rechazó admitir las preguntas o la solicitud de comparecencia con el argumento de que "afectan a persona que no tiene trascendencia pública" o "porque se opone a ellos la Junta de Síndics". El fiscal establece que la Mesa "no interpreta de manera estricta" el Reglamento de las Cortes y abunda en la arbitrariedad de la decisión: "No se justifica ante los solicitantes el motivo del rechazo". Ni siquiera tras el primer recurso formulado por los tres diputados ante la Mesa de las Cortes.

El escrito del fiscal se refiere a un recurso presentado en noviembre de 2005 por Carles Arnal, Joan Antoni Oltra y Ramon Cardona, pero los usos de la Mesa de las Cortes, controlada por el PP con mayoría absoluta desde 1999, no han variado nada.

Rafael Maluenda, portavoz del PP, invocó hace una semana la diversa "trascendencia pública" de las empresas relacionadas con la Operación Gürtel que investiga el juez Baltasar Garzón para justificar el bloqueo de centenares de preguntas parlamentarias formuladas por la oposición. El socialista Ángel Luna anunció un recurso contra la decisión. Mònica Oltra, portavoz de Compromís, fue más lejos y declaró abierto un plazo de tres meses para acumular todas las preguntas e iniciativas rechazadas por la Mesa de las Cortes en ese plazo y elevar un recurso al Tribunal Constitucional. "Tardará años en resolverse y no pasará de ser una censura moral", comentó Oltra, "pero no creo que a la presidenta de las Cortes le guste que el Tribunal Constitucional tenga que ponerla en su sitio aunque ya haya dejado el cargo".

El bloqueo del control parlamentario a la gestión del Consell se arrastra desde hace años y provocó dos recursos de Esquerra Unida-L'Entesa al Tribunal Constitucional (TC) durante la legislatura la pasada. Arnal, Oltra y Cardona acudieron al TC cuando la Mesa rechazó una serie de preguntas y una solicitud de comparecencia. Oltra solicitó a Rafael Blasco, entonces consejero de Territorio y Vivienda, explicaciones sobre el nombramiento de Hermenegildo Forquet como jefe de servicio de coordinación territorial cuando el funcionario ocupaba cargos en varias empresas relacionadas con trabajos urbanísticos. Cardona solicitó detalles sobre la posible afección de un yacimiento arqueológico por las obras del vial entre Cabanes y Oropesa y, por otro lado, detalles sobre las actividades, remuneración y composición del consejo de administración de la sociedad pública promotora del centro de ocio Mundo Ilusión. Arnal, finalmente, solicitó una comparecencia de Blasco para que explicara su posición ante "la gran proliferación de proyectos urbanísticos" en la Comunidad Valenciana.

La Mesa rechazó tramitar todas las preguntas alegado que referían a personas físicas o jurídicas sin "trascendencia pública". La comparecencia de Blasco fue rechazada sin argumentar los motivos.

El fiscal considera que todas las preguntas "tenían un contenido aparentemente fáctico" y asume los argumentos del recurso de los diputados de Esquerra Unida-L'Entesa cuando esgrimen que "rechazar las preguntas de control al Gobierno acogiéndose a normas del Reglamento de las Cortes Valencianas que no fueron creadas para ese objetivo resulta un fraude de ley intolerable".

El fiscal asume que "lejos de quedar en la simple referencia a una persona sin trascendencia pública" las preguntas sobre Forquet "persiguen ejercer un control de actuación del Gobierno en lo referente a la contraposición de los intereses públicos y privados en una misma persona"; las relativas al yacimiento arqueológico o a Mundo Ilusión reciben "una contestación que nada tiene que ver con las preguntas"; y la negativa a tramitar la comparecencia de Blasco invocando "la oposición de la Junta de Portavoces" es una respuesta que "carece absolutamente de motivación".

El escrito del fiscal es el último paso procedimental antes del fallo del TC sobre el recurso, que aún podría retrasarse varios meses.