El sector disidente de ETA cuenta con el apoyo de la mayoría de los presos

El Gobierno ha abierto en las cárceles, desde otoño, un nuevo frente en la lucha contra el terrorismo. La disidencia hacia la dirección de ETA crece entre los reclusos etarras, que hacen circular un nuevo documento crítico. Medios nacionalistas calculan que los presos críticos con la cúpula etarra por la continuidad de la actividad terrorista superan con creces el 50% del colectivo de 750 reclusos. La dirección de ETA trata de acallar, a través de sus comisarios políticos, esa creciente disidencia. En línea con esa estrategia, el Gobierno continuará en próximas fechas el goteo de traslados de presos veteranos disidentes de ETA a la cárcel de máxima seguridad de Zuera (Zaragoza).

El Ejecutivo quiere que la disidencia haga ver al resto la inutilidad terrorista

Los 'comisarios políticos' de la banda amenazan a los reclusos

Próximamente trasladará a Iñaki Rekarte, Luis Fernando Astarloa y Valentín Lasarte, encarcelados en la prisión de Villabona (Asturias), que seguirán el camino de Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, ex jefe militar de ETA e inspirador del atentado de Hipercor de Barcelona en junio de 1987, el último trasladado de la banda a la cárcel de Zuera procedente, en este caso, de la prisión de Puerto I.

Rekarte, Astarloa y Lasarte se unirán a 16 veteranos etarras, la mayoría de ellos ex dirigentes muy importantes de la banda, como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, o activistas con delitos muy graves, como José Luis Urrusolo o Ignacio Arakama Mendia, Makario.

El Gobierno quiere aprovechar esta disidencia en presos históricos de ETA, con delitos de sangre, para mostrar al resto del colectivo de presos la inutilidad de continuar con el terrorismo. Trata de hacer de la cárcel de Zuera (Zaragoza) un punto de concentración con el objetivo final de contribuir, desde el colectivo de presos, a que la dirección de ETA desista del terrorismo en un momento en que tiene muchos frentes abiertos.

La apertura de este frente por parte del Gobierno ha sido fruto de una decisión muy meditada. El primer aldabonazo se produjo en el verano de 2004 cuando algunos relevantes veteranos de ETA, entre ellos su principal jefe militar en la década de los ochenta, Francisco Mujika, suscribieron una carta, hecha pública, en la que señalaban que "la lucha armada que hoy desarrollamos no sirve" pues es "morir a fuego lento". Y concluían que "nunca en la historia de la organización, ETA se ha encontrado tan mal".

La carta provocó gran conmoción y contribuyó a que cuando en marzo de 2006 ETA anunció una tregua para iniciar un proceso de fin dialogado con el Gobierno se viviese con grandes esperanzas en el colectivo de presos etarras. Fuentes penitenciarias estimaron que más del 80% de los presos apoyaba y confiaba en el fin dialogado. Por eso cuando ETA anunció la ruptura del alto el fuego, en junio de 2007, avivó el sentimiento crítico hacia su dirección, agravado porque el colectivo de presos no fue consultado. Su mejor expresión fue otra carta, firmada por otros dos dirigentes de ETA presos, José Luis Álvarez, Txelis, y Kepa Pikabea, en la que denunciaron la marginación de los presos en el proceso, la "inutilidad de la lucha armada" y haberse convertido en obstáculo para el avance de la izquierda abertzale. Como consecuencia fueron expulsados de ETA y del colectivo de presos, lo que abrió otra fisura a la banda. En Navidades, el colectivo Demos, de apoyo a los expulsados, logró una masiva asistencia en un acto de homenaje a ambos en las cercanías de San Juan de Luz (Francia).

Además, su carta ha sido premonitoria porque en las últimas elecciones vascas, las del 1-M, la izquierda abertzale ha obtenido el peor seguimiento de su historia, menos de 100.000 papeletas de voto nulo, perdiendo un tercio de los votos respecto a hace cuatro años. Fuentes nacionalistas aseguran que el malestar en el colectivo de presos de ETA es enorme y que circula un nuevo documento crítico contra la dirección de la banda.

Las mismas fuentes están convencidas de que lo que impide aflorar el malestar de los presos etarras contra la dirección con toda su virulencia son las presiones de los comisarios políticos de la dirección de ETA con la amenaza de quedar fuera del colectivo y no beneficiarse de las ayudas a los presos que gestionan Gestoras pro Amnistía. Desde hace un año, la cúpula de ETA decidió aumentar su control sobre el colectivo de presos, con la colocación como responsables del mismo a sus comisarios políticos en las cárceles, desplazando a quienes trataban de lograr mejoras penitenciarias para los reclusos etarras.

A la vista de todos estos hechos, el Gobierno ha decidido activar la política penitenciaria.