Acuerdo para el cambio

Por primera vez en tres décadas, el Gobierno vasco no será presidido por un nacionalista. Habrá un Ejecutivo socialista presidido por Patxi López con apoyo estable del PP, y un diputado de este partido presidirá, también por primera vez, la Cámara vasca. El nuevo Gobierno contará con el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, cosa que no ocurría desde que el PNV rompió sus acuerdos con los socialistas, en 1998.

Habrá, por tanto, un Gobierno monocolor socialista (con la probable inclusión de independientes de sensibilidades plurales), pero con el compromiso del PP de garantizar un apoyo estable, incluyendo los proyectos anuales de presupuestos. Esa fórmula, que era la segunda opción de ambos partidos, viene a ser un punto intermedio entre las inicialmente planteadas como preferentes por cada uno de ellos: el PSE, apoyo del PP a la investidura sin pacto programático ni participación en el Gobierno, según el modelo navarro; el PP, Gobierno de coalición.

La novedad, no planteada inicialmente por los socialistas, pero que han acabado asumiendo como propia, es que ese acuerdo de estabilidad se configura en torno a unas bases programáticas pactadas. Esa fórmula es más ajustada a la lógica del sistema parlamentario. Precisamente porque lo que se elige no es, como insiste en sostener Ibarretxe, al candidato del partido más votado, sino al que demuestre contar con una mayoría parlamentaria, era conveniente establecer un programa de prioridades, que es lo que se somete a votación en la investidura.

El líder popular, Antonio Basagoiti, demostró inteligencia política al asegurar de entrada su apoyo a la investidura de Patxi López -frente a los que le incitaban a condicionarlo a la aceptación de sus propias propuestas-, pero defendiendo como más eficaz para la continuidad del nuevo Gobierno el establecimiento de unas bases políticas pactadas. Esa garantía de apoyo ha favorecido el acuerdo.

Un presidente popular del Parlamento de Vitoria supone una muestra de normalidad democrática: no hay más exclusiones que la de los que apoyan la violencia. En teoría podía haberse optado por un acuerdo más amplio que incluyese mantener en el puesto a la todavía presidenta en funciones, Izaskun Bilbao, del PNV: una presidenta que tomó iniciativas sin precedentes en relación con las víctimas de ETA y que se enfrentó a sectores de su propio grupo, partidarios de desobedecer la orden judicial de colocar la bandera española en el Parlamento.

Habría sido un gesto muy conveniente como ejemplo de reconocimiento de la pluralidad vasca, una de las bases de la campaña de López. Hay que reconocer, sin embargo, que la actitud mantenida estas semanas por dirigentes del PNV, incluyendo sus advertencias de que seguirán "gobernando desde donde sea", más la experiencia de la utilización que ese partido hizo de la presidencia en tiempos de Juan María Atutxa, son argumentos de peso en favor de quienes consideran arriesgado ese gesto.

Otra cuestión discutible es si, como propone el PP, el acuerdo debe incluir una moción de censura para que ese partido, el más votado en las elecciones forales de 2007, pase a presidir la Diputación alavesa en lugar del PNV, que fue la tercera fuerza, tras el PSE. Es una posibilidad, seguramente vez no la más inteligente. Podría resultar más eficaz mantenerla abierta como elemento de presión frente a la tentación nacionalista de utilizar su presencia al frente de las tres diputaciones para hacer oposición y atacar las iniciativas del Gobierno.

El cambio es expresión de la pluralidad vasca y merece ser apoyado por quienes piensan que no hay democracia sin posibilidad real de alternancia.