Multa precipitada

M. L. A. llegó a la calle de Jorba (distrito de Sant Andreu, Barcelona) y aparcó. En la acera había un cartel provisional que prohibía estacionar porque se celebraba un correfoc. Era el 8 de diciembre de 2006. El cartel dejaba claro que la prohibición era a las 14.00. Habían pasado más de cuatro horas. Aparcó. Cuando volvió encontró una denuncia expedida a las 18.19 horas, pero no el coche: retirado por la grúa. Recurrió. Lo desestimaron. Y no sólo eso, le embargaron la cuenta corriente por un importe de 113,04 euros: la multa más el recargo y los intereses. Dinero que añadir a los 137,50 euros que le costó la grúa y otros 12 euros para desplazarse en taxi hasta el depósito municipal.

Cansado de batallar con la burocracia municipal, para la que el ciudadano es, de oficio, sospechoso cuando no directamente culpable, M. L. A. decidió poner el caso en conocimiento de esta sección, que se dirigió al Ayuntamiento de Barcelona para conocer los avatares de la denuncia, el embargo y las, hasta ese momento, inexistentes explicaciones, que muchas veces es lo que más duele.

Ayer el Consistorio respondió: la Hacienda municipal prepara la respuesta al ciudadano. Se le comunica que, vista toda la documentación, se procede a anular la multa y a devolver el dinero embargado. Además se le solicitarán disculpas por las molestias que le han ocasionado. Es casi insólito en los anales de la ciudad, donde los empleados públicos, investidos de un aura, nunca se equivocan. Ni siquiera cuando, por no ser Dios, también yerran. La nota municipal no precisa, sin embargo, si se le devolverá el importe de la grúa y, menos aún, si alguien le devolverá el tiempo perdido en gestiones que nunca hubiera tenido que realizar.

Para quejas sobre las administraciones y empresa públicas pueden dirigirse a catalunya@elpais.es a la atención de Francesc Arroyo.