La falta de apoyos fuerza al Gobierno a negociar el decreto contra el paro

CiU vota con el PSOE la convalidación a condición de que se tramite como ley

La aritmética parlamentaria no sólo le hace difícil al Gobierno sacar adelante las leyes en el Congreso, sino que también le complica la vida para aprobar medidas urgentes para hacer frente a la crisis. Y la estrategia de la geometría variable le obliga a cambiar cada día de socios en un sinvivir permanente.

Ayer, para poder convalidar el decreto de medidas urgentes para hacer frente al desempleo se vio obligado a aceptar que el texto se tramite como proyecto de ley y, por tanto, con posibilidad de que los grupos parlamentarios introduzcan modificaciones. La votación estuvo precedida de un nuevo repaso de todos los grupos a la gestión de la crisis, mientras a pocos metros de la Cámara se manifestaban trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

La mayoría de los grupos critica la falta de consenso social en las medidas

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El Grupo Socialista negoció hasta el último momento y sólo así pudo salvar las votaciones. Primero miró a su izquierda, pero comprobó que ERC, IU e ICV rechazaban radicalmente el decreto. Sobre todo, porque consideran que suplanta el diálogo social con sindicatos y empresarios y se anticipa a sus conclusiones. Comprobó rápidamente que el PNV, en contra de todo lo que venga del Gobierno, lo rechazaba con el argumento de que supone recortes sociales. Con el PP no había ni la más mínima posibilidad de acuerdo, así que negoció con CiU.

Los nacionalistas catalanes tienen diputados suficientes para garantizar por sí solos la mayoría absoluta de la Cámara. Le pusieron desde el primer momento una condición: que se tramite como proyecto de ley para poder introducir sus enmiendas que, fundamentalmente, suponen extender el contenido a los autónomos.

El PSOE no tuvo más remedio que aceptar y, haciendo de la necesidad virtud, aseguró que de esta forma podrá introducir en el trámite parlamentario lo que pacte con los sindicatos y los empresarios.

En la primera votación, la de convalidación, coincidieron con el PSOE y frente a los demás CiU y el BNG que se sumó finalmente, aunque sus votos no eran imprescindibles en esta ocasión. Y en la segunda votación, la del trámite como proyecto de ley, hubo unanimidad de todos los grupos de la Cámara.

El decreto está ya en vigor en los términos aprobados en Consejo de Ministros. El Gobierno ha ganado tiempo y aplaza la solución, porque ahora tendrá que buscar acuerdos para pactar cada enmienda, en el Congreso y en el Senado. La de ayer es la segunda ocasión que se encuentra en esta tesitura en las últimas semanas. La anterior fue sobre el decreto que modifica la ley de televisiones privadas.

El decreto debatido ayer permite que las empresas viables fraccionen o aplacen el pago de las cuotas a la Seguridad Social, para garantizar su supervivencia. Facilita también que las empresas que contraten a parados tengan una bonificación de hasta el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social para empleos a tiempo parcial. Para las personas afectadas por un ERE temporal (Expediente de Regulación de Empleo) la bonificación para el empresario será del 50%, hasta un máximo de 240 días. La medida más polémica es la que permite al empresario utilizar la prestación por desempleo para reducirse las cuotas sociales cuando contrate a un parado.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió en la tribuna la extraordinaria urgencia y necesidad del decreto ley. "La coyuntura económica problemática" ha forzado al Gobierno a tomar medidas no formalmente consolidadas por los agentes sociales, aunque se mantiene abierto el diálogo social, dijo el ministro.

Como cada vez que se discute una medida económica en la Cámara, el Gobierno escuchó cómo todos los demás grupos se empleaban con dureza contra el Ejecutivo. Como siempre, el más duro fue Cristóbal Montoro, con expresiones tan rotundas como éstas: "El socialismo crea paro" y el Gobierno es el "peor de la historia".

Hasta el diputado de CiU Carles Campuzano con el que había pactado el Gobierno, reprochó a Corbacho que hubiese llegado al Congreso sin un acuerdo con la patronal y los sindicatos, al tiempo que reclamó reformas "de mayor calado". Y el ministro Corbacho se fue de la Cámara lamentando que ERC pasara en las negociaciones de apoyar el decreto cuando hablaban con su portavoz Joan Ridao, al rechazo cuando el que intervino finalmente fue Joan Tardà.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 26 de marzo de 2009.

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