IU pide a Zapatero que negocie con Rabat una aduana comercial en Ceuta
Juan Vivas, el presidente de Ceuta (PP), lo pide desde hace años y su oposición socialista respalda su reivindicación, pero ha tenido que ser Gaspar Llamazares el que, en nombre de Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds (IU-ICV), lo va a plantear en el Congreso de los Diputados.
Llamazares presentó la semana pasada, al pleno de la cámara baja una, proposición no de ley que insta al Gobierno a resolver una de tantas anomalías en la relación con el vecino del sur. Le pide que "abra una negociación con Marruecos para que Ceuta disponga de una aduana comercial en la frontera de Tarajal, al igual que la tiene Melilla". Si se aprueba su iniciativa tendrá un carácter simbólico.
Ceuta exporta al año a Marruecos mercancías por valor de unos 500 millones de euros, según su ex consejero de Economía, Emilio Carreira, una estimación que las autoridades marroquíes elevan hasta los 700 millones. Todo ello es contrabando o, como prefieren llamarlo los ceutíes, "comercio atípico".
A diferencia de Melilla, que sí cuenta con una frontera comercial porque Rabat quiso preservarla para exportar los minerales de las minas del Rif, Ceuta no posee una aduana con Marruecos. En Melilla también existe contrabando a través de la frontera, pero el comercio legal crece cada año.
Llamazares recuerda, en su exposición de motivos, que Marruecos lleva a cabo un desarme arancelario con la Unión Europea que culminará en 2012, que supondrá una seria merma para el contrabando y que, en consecuencia, "amenaza a corto plazo la viabilidad económica de la ciudad autónoma".
Con motivo de la visita que hizo a Ceuta el 1 de febrero de 2006 el jefe del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, el presidente ceutí, Vivas, le recordó su vieja aspiración de contar con una frontera comercial, pero el Ejecutivo no ha solicitado formalmente a Marruecos que se siente a negociar sobre su apertura.
Sáhara y derechos humanos
Llamazares y Joan Herrera, portavoz adjunto de IC-ICV, presentaron también al pleno una segunda proposición no de ley en la que animan al Gobierno a "promover la atribución a MINURSO (contingente de Naciones Unidas) de la competencia de supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental", a lo que se opone Marruecos.
MINURSO se desplegó en la antigua colonia en 1991, para vigilar el alto el fuego alcanzado por Marruecos y el Frente Polisario, y hoy en día es una de las pocas fuerzas de mantenimiento de la paz que carece de atribuciones en materia de supervisión de derechos humanos. Varias ONG y una delegación del Parlamento Europeo abogan porque se amplíe su mandato.
Cuando era el "número dos" de la diplomacia española, Bernardino León se pronunció, en Rabat en junio de 2005, a favor de la ampliación de ese mandato, pero Zapatero echó balones fuera cuando fue preguntado por el tema en noviembre tras entrevistarse con su homólogo marroquí, Abas el Fassi.
