Camps se inspira en Pujol contra el acoso judicial

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está sufriendo un calvario. Los trajes que supuestamente recibió como regalo de Orange Market, empresa que ha obtenido diversos contratos de la Generalitat e instituciones controladas por el PP, han estropeado su impoluta imagen de político íntegro en la Comunidad Valenciana. Pero también en la estructura nacional del PP, donde ha pasado de ser el principal apoyo de Mariano Rajoy a depender de su apuntalamiento.

Más allá de su imagen, las suspicacias respecto al vínculo del Consell con la trama han sido subrayadas en fosforescente por la relación del bufete de José María Michavila, hermano de su omnipotente jefa de Gabinete, con imputados en la operación Gürtel. Además, su número dos en el partido, Ricardo Costa, está en el mismo saco. Y si le faltaba algo, el amigo de uno de sus consejeros, Serafín Castellano, ha engordado empresarialmente a la sombra de los departamentos que éste ha ocupado desde el año 2000.

La cúpula del PP confía en el efecto reparador del ataque al símbolo

Otros, sin embargo, creen que Camps debería recuperar la acción del Consell

La primera reacción de Camps frente a la situación de noqueo en que le dejó el auto del juez Baltasar Garzón fue el cierre de filas y la activación de homenajes. Y en seguida, la ofensiva contra el PSPV. Es decir, contra sus presumibles flancos débiles: la torpeza del alcalde de Elche, Alejandro Soler, que "por error" pagó su promoción electoral con dinero del Ayuntamiento, así como la insinuación de posibles sombras en la gestión municipal del secretario general Jorge Alarte y del portavoz adjunto del PSPV y alcalde de Morella, Joaquim Puig. Y en la recámara, la relación del síndic en las Cortes, Ángel Luna, con el constructor Enrique Ortiz, al que asesoró antes de volver a la política.

En la embestida contra la oposición empieza a aflorar el sello del consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, político ex socialista de larga experiencia y curtido en adversidades, que acaba de ser recuperado como estratega electoral tras haber sido alejado del entorno del presidente. Blasco recibió el encargo de urdir una estrategia que le permita a Camps afrontar la situación y le ha encontrado una a medida: personalizar en el pueblo valenciano el acoso judicial a Camps. Es lo que hizo Jordi Pujol en Cataluña en 1984 ante la querella del ministerio fiscal como antiguo consejero en el caso banca catalana. "Con Cataluña no se juega", advirtió Pujol, y a partir de ahí llegaron los telegramas de adhesión enviados a la Generalitat, los autocares desde las comarcas para la manifestación, los desagravios ofrecidos... Blasco sólo ha tenido que copiarlo y adaptarlo.

A esa consigna le han hecho el coro diversas entidades afines, como el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, presidido por Arturo Virosque, que en un comunicado de adhesión a Camps, afirmó que "estas calumnias no ofenden solamente al presidente de la Generalitat, sino a todo el pueblo valenciano, porque cuando se ofende al presidente, sea del color político que sea, elegido libremente por el pueblo valenciano, se desprecia la inteligencia de los valencianos". Y lo mismo hizo la semana pasada el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, cuando en un acto de apoyo empresarial al presidente revestido de planes de medidas a la economía, proclamó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos".

En los años del caso Banca Catalana, el PSC, como ahora el PSPV y el resto de la oposición, se exasperó ante "la utilización de las instituciones y de los sentimientos nacionales para interferir el curso de un procedimiento judicial", así como la apropiación de la Generalitat y del nombre de Cataluña (la "usurpación al pueblo de Cataluña"). Sin embargo, Convergència Democràtica de Catalunya no levantó el pie del acelerador. La cúpula del PP valenciano está convencida de que con esto, las debilidades del adversario socialista y la tradicional galvanización del partido ante los ataques externos, Camps podrá capear el temporal como lo hizo Pujol.

Sin embargo, aunque Pujol hizo eso, ésta sólo fue la mitad de su estrategia. Pujol también pasó a la acción con la Generalitat como instrumento para recuperar el resuello con planes de gobierno, se obligó a pactos con la oposición en Cataluña (sobre todo con los socialistas enfrentados con Narcís Serra, a quien apuntó en su proa). Y también con el Gobierno de Felipe González, del que obtuvo, entre otras, financiación para trasladar el puerto de Barcelona. Ante la debilidad, exhibió vitalidad e iniciativa política ante el acoso de la justicia.

En ese sentido, no faltan voces del PP que consideran que lo que procedería es que Camps pasara a la acción con un Consell que funciona bajo mínimos. Remodelar el gobierno de bajo perfil, concentrar áreas, reducir consejerías y abrir el melón del personal contratado y el de la sobredimensión de RTVV para reducir el gasto ante la profunda crisis. Incluso negociar un alto el fuego con los socialistas "intercambiando cromos" y alcanzar acuerdos de gobierno. Son algunas de las sugerencias que ofrecen.

Uno de los principales lastres para gestionar esta crisis, apuntan, es que la cúpula del partido ha crecido en la expansión electoral y carece de experiencias negativas. El mecanismo funcionó a la perfección mientras el partido fue impelido por el movimiento uniformemente acelerado del éxito. Sin embargo, en el cambio de rasante se ha detenido. La cúpula desconoce cómo actuar en una situación adversa y ese desconcierto está inscrito en la expresión de los colaboradores más íntimos del presidente, cuya única esperanza es que surta efecto "la reacción al ataque al símbolo de la Comunidad Valenciana". "Si el presidente se queda en los homenajes, será más vulnerable", mantiene una de las fuentes consultadas.