Leña al mono

Se cumplen 20 años desde que Fukuyama decretó el Fin de la historia y desde entonces nos hemos puesto ciegos a vivir acontecimientos históricos. Ahora toca vivir otro que, por lo que parece, amenaza con llevarse también por delante otra ciencia, la Economía. Así, la crisis histórica que vivimos, además de poner en cuestión el lugar en el ranking de la Gran Depresión y de convertirla en la Depresión Mediana comparada con ésta, se lleva por el desagüe lo -poco o mucho- que habíamos llegado a saber de la que Carlyle llamó ciencia lúgubre y, por lo que ahora vemos, se quedó corto.

En este empeño de arrojar por la borda el acervo de conocimientos económicos cuando más necesario se diría su concurso compiten los propios economistas, deseosos de hacerse perdonar los errores de previsión, opinadores en general, ávidos de apuntarse a las explicaciones más demagógicas y banales que suscitan el aplauso fácil del respetable y, por supuesto, buena parte de los políticos, en quienes suele concurrir la doble condición de no saber una palabra de Economía y, además, no tener problema en afirmar cualquier cosa que piensan que va a sonar bien a unos electores cabreados y ansiosos de encontrar un punching ball sobre el que descargar su furia.

En España, la banca tal vez ha olvidado alguna virtud, pero no es ni de lejos causante de la crisis

Pero la combinación peor -y tenemos un ejemplo en nuestro Gobierno, que Dios guarde, cuyo nombre dejo a la sagacidad del lector- es el economista metido a político. Ése sí que se convierte en un auténtico renegado de su saber y llega más lejos que nadie en la defensa de argumentos con que regalar los oídos de los ciudadanos. Lo que, aquí y ahora, quiere decir dar más leña a los bancos.

Ha llegado a decir este ministro que los bancos nos han metido en la crisis y a ellos les toca sacarnos de ella dando el crédito con la generosidad y alegría con la que antes lo concedían. Ni el diagnóstico es correcto, ni la terapia, adecuada.

Si hablamos del sistema financiero español, es profundamente injusto decir que son los bancos los que nos han metido en la crisis en que estamos. Sin duda ha habido cierta laxitud en la valoración del riesgo vinculado al sector inmobiliario -aunque, desde luego, no todos han actuado igual- y en el excesivo apalancamiento permitido cuando no fomentado a familias y empresas. Los bancos y cajas han formado parte del festín financiero y tal vez han olvidado algunas virtudes prudenciales que el negocio requiere. Pero no son ni de lejos los agentes causales de la crisis, de la nuestra. Son sujetos pasivos de la sequía de crédito que tiene lugar en los mercados de capitales a partir de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, y víctimas del subsiguiente empeoramiento de la economía real que restringe la demanda de crédito y, sobre todo, deteriora grandemente la calidad del concedido, con crecimientos nunca vistos de la morosidad.

A partir de ahí ¿qué les toca hacer? Evidentemente, si estamos en una crisis cuya salida pasa por el desapalancamiento, esto es, por la reducción del endeudamiento excesivo de empresas y familias, no parece razonable pedirle a los bancos que vayan por dirección contraria, respondiendo al deterioro de la capacidad de pago de los deudores con una relajación de los requisitos de solvencia de aquellos. En un contexto en que la morosidad se ha disparado a un ritmo nunca visto anteriormente parece de puro sentido común operar con una valoración del riesgo más estricta. Máxime en un entorno de estrechamiento de los spreads (el diferencial entre el precio al que el banco consigue los recursos en el mercado y los presta a los demandantes de crédito) que trae consigo un impacto relativo de la morosidad sobre la cuenta de explotación mucho más elevado.

Es verdad que la banca española pudo gestionar una tasa de mora muy elevada en la anterior crisis, la de 1992-1994. Pero lo hizo en un entorno de tipos muy elevados, cuando esos spreads eran cuatro o cinco veces superiores a los de ahora. Por tanto, no se puede pedir a los intermediarios financieros que presten con más alegría, porque la alegría de hoy es la quiebra de mañana.

¿Se puede hacer algo razonable? Probablemente, sí. El objetivo es refinar el scoring, la calificación de la capacidad de pago de los demandantes de crédito, de tal suerte que no se trunquen proyectos o ideas empresariales viables por falta de financiación. Pero estaremos de acuerdo en dos cosas: eso es más fácil de enunciar que de llevar a la práctica en un entorno tan incierto como el actual y, en segundo lugar, probablemente nadie más interesado que las propias entidades financieras en ser capaces de esa discriminación, porque encontrar deudores sanos es lo mejor que le puede pasar al negocio, que vive justamente de eso: de prestar dinero a quien lo puede devolver.

Ahora bien, convendría tener claras algunas ideas previas. Hoy por hoy, las medidas puestas en marcha por el Gobierno (a mi juicio, adecuadas e imprescindibles) para facilitar liquidez a las entidades, a través de las subastas de activos, y permitirles reforzar su solvencia, a través de los avales, no requieren como contrapartida una intromisión de los poderes públicos en la valoración del riesgo que hagan las entidades a la hora de conceder créditos. El Gobierno no ha dado dinero a los bancos, sino que les ha comprado activos, y les cobra una comisión por ello. Tampoco ha entrado en su capital, sino que avala su recurso a los mercados de capitales, también por un precio. Por tanto, la gestión del riesgo corresponde a los gestores de las entidades en nombre de sus accionistas en el caso de los bancos o de sus grupos interesados en el caso de las cajas. Por supuesto que pueden y deben mantener criterios de interés social, que pueden ser socialmente responsables, pero sólo en tanto en cuanto esos criterios se puedan integrar con una correcta gestión financiera en un momento en el que los errores se pagan más caros.

Nada más fácil de explotar, en un momento como éste, que la mentalidad anticapitalista que describiera hace 50 años Ludwig von Mises. Ningún sitio más mollar para ello que este país, donde basta hurgar un poco para encontrar al anticapitalista que todos llevamos dentro. Ningún objeto fóbico más apropiado que los bancos para descargar sobre ellos la frustración. Pero sucede que los grandes bancos españoles, además de ser nuestra industria más internacionalizada y, en términos relativos, la más exitosa, son también la industria más social que tenemos. Santander y BBVA suman más de tres millones de accionistas, de los que más del 80% son pequeños accionistas españoles. Cuidado, pues, con los excesos, verbales o de los otros.

El presidente del Gobierno se ha aprendido una línea de gran eficacia a este respecto: "No es momento de grandes beneficios, ni de grandes salarios, ni de rentabilidades a corto plazo, sino de apoyar a las empresas y a las familias". Vale. Pero quizá fuera bueno aclarar que ese apoyo a las empresas y a las familias tiene que realizarse con la mayor de las prudencias, y que no se trata de contraponer esos beneficios y las rentabilidades con el apoyo a las familias y a las empresas, porque una política imprudente no sólo no serviría para prestar ese apoyo, sino que, en el largo plazo, ése en el que según Keynes todos estaremos muertos, también daría lugar a que no quedara nadie a quien pedir ese apoyo.

José Ignacio Wert es presidente de Inspire Consultores.