Los sindicatos del campo lanzan un SOS por el sector lácteo

Producir un litro de leche cuesta a cada granja 34 céntimos según el Ministerio de Medio Rural; 37, si se atiende a los cálculos de la Xunta. En un país excedentario como España -que importa tres millones de toneladas al año de Francia, Portugal y otros países para cubrir el consumo interno-, las industrias siguen pagando una media de 33 céntimos por cada litro a los ganaderos. El precio es un 26% inferior al del ejercicio pasado (44,69 céntimos) y ni siquiera vale para todas las explotaciones.

Algunas cooperativas se debaten estos días entre vaciar los tanques o vender a pérdidas a intermediarios que apenas ofertan 15 céntimos por litro. Es el caso de Ramón, nombre figurado de un cooperativista que acumula 150.000 litros en su almacén y a quien el temor a las represalias de los grupos lácteos le impide denunciar públicamente su caso, que no es aislado en el sector.

Las centrales pactan afrontar unidas las acciones reivindicativas

Los sindicatos agrarios sí pusieron ayer cara a una protesta dirigida al Ministerio de Medio Rural de Elena Espinosa para que presione en el Consejo de Ministros de la UE que tratará el problema lácteo el próximo lunes. Las centrales Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores, Sindicato Labrego Galego y la Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias recuperarán ese día la unidad en una concentración que tiene mucho de SOS.

Estas organizaciones reclaman más control de las importaciones y una verdadera vigilancia para erradicar prácticas prohibidas como el dumping, que llegan sobre todo de Francia. La denuncia parte de la idea de que se está alterando el libre mercado. De lo contrario no puede ser que los países con excedentes coloquen en el mercado español leche a un precio más bajo que además incluye el transporte desde las granjas francesas o alemanas.

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, intentó atraer a los grupos lácteos a sus reivindicaciones con el argumento de que los verdaderos enemigos del sector son las cadenas de distribución, mayoritariamente de capital francés, que obedecen a sus propios intereses. "Si la situación continúa, el crash se llevará por delante también a las industrias muy pronto, porque sin productores muy pronto las empresas francesas introducirán aquí su propia mercancía", denunció Roberto García. En el mismo sentido se pronunció Carmen Freire, del Sindicato Labrego Galego, quien reivindicó "fijar los precios de abajo a arriba y no al revés".

Las cuatro organizaciones reivindicaron su papel para asentar población en las zonas rurales. Todos alertaron de que los 13.000 ganaderos gallegos se están jugando su futuro y se comprometieron a afrontar unidos las acciones reivindicativas de los próximos meses.