El fiscal pide cárcel para dos policías por sobornos en prostíbulos

El fiscal anticorrupción David Martínez Madero solicitó ayer el ingreso en prisión de dos inspectores de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía acusados de aceptar sobornos de los propietarios de dos de los principales prostíbulos de Barcelona. La fiscalía les imputa los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, y reclama prisión incondicional para Andrés Otero, que abandonó el cuerpo y ahora es responsable de seguridad de una empresa de relojería. Fue detenido el pasado lunes por la tarde.

Del mismo modo, el fiscal solicita prisión eludible bajo fianza de 5.000 euros para Abundio Navas, inspector jefe de la Ucrif en Barcelona. Fuentes judiciales explicaron que Navas negó todas las acusaciones y que durante su comparecencia ante la juez se escucharon diversas conversaciones telefónicas que supuestamente revelaban los sobornos a los empresarios de los locales de prostitución Saratoga y Riviera, en Castelldefels, clausurados durante seis meses por orden judicial.

Dos de los propietarios de esos prostíbulos están encarcelados desde el pasado lunes acusados de los supuestos delitos de cohecho, contrabando, favorecimiento de la prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Esos dos localess han sufrido diversas redadas policiales en los últimos años, pero hasta ahora siempre se había actuado contra las mujeres, que en muchos casos acababan expulsadas de España por encontrarse en situación irregular y eran sustituidas por otras para que ejercieran la prostitución.

Decisión judicial

Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, decidirá hoy sobre la petición del fiscal y ayer abandonó el juzgado pasadas las cuatro de la tarde.

Ayer también prestaron declaración el policía José Manuel Melando, actualmente destinado en la Ucrif de Alicante, e Ignacio Landa, ex subinspector de esta unidad que ahora trabaja en la empresa de seguridad de Otero. Ambos quedaron en libertad con cargos.

El caso que ahora investiga la justicia se inició tras una querella de la fiscalía contra un ex inspector jefe del grupo de Extranjería, ahora en prisión preventiva, al que anteriormente había denunciado por cohecho el propietario de uno de los prostíbulos clausurados.