Dos de cada tres adjudicatarios de viviendas protegidas no las compran

"Vivenda legisló el pasado pensando que los compradores de pisos eran infinitos, y no lo son". La frase de un promotor de Santiago resume el punto en el que se encuentra el sector, el primero en notar la crisis. Con el cambio de Gobierno, los empresarios del suelo han actualizado su lista de reclamaciones y quieren que el futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, las asuma. Una de ellas es la supresión de la norma que obliga a sortear las viviendas de protección oficial (VPO) entre los demandantes inscritos en el registro de la Xunta. Un sistema que ha adjudicado gracias al azar 2.071 pisos en las cuatro provincias, pero que tiene lagunas que los promotores están dispuestos a explotar para volver a vender directamente. "Registro sí, sorteo no", repiten, como un canto de guerra, los empresarios.

El sorteo está pensado para evitar el fraude en la venta directa

Sus problemas, dicen, se han multiplicado desde que se puso en marcha porque "burocratiza la adjudicación y retrasa la entrega". La Xunta, por el contrario, defiende que "evita el fraude" porque "los promotores tienen que vender los inmuebles a las personas que indica la consellería".

"Ni se estimula la calidad, ni la buena construcción, ni al comprador se le permite comparar", asegura Juan José Yáñez, secretario general de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga). Nadie sabe a ciencia cierta cuántos de esos pisos adjudicados provisionalmente se quedaron sin compradores pero, como poco, dos tercios de los afortunados desisten, según la Federación Gallega. Algunos lo hacen porque no les gusta la vivienda, otros porque se apuntan en varios ayuntamientos para tener más posibilidades y al final rechazan mudarse y, la mayoría, porque el banco no les concede la hipoteca. Hay más problemas: "Como no podemos vender sobre plano, los compradores se encuentran con que deben pagar la entrada de golpe. Eso nos perjudica a ambas partes, porque se incrementan considerablemente nuestros costes financieros", asegura Javier Garrido, presidente de la Feproga. La propia consellería admite que saber el número de apartamentos sorteados que fueron realmente comprados "es difícil, porque habría que ir expediente por expediente".

El procedimiento de asignación estaba inicialmente pensado para poner coto a los desmanes de las adjudicaciones realizadas por las empresas. En un mercado con los precios disparados, conseguir una vivienda de protección se llegó a convertir en un sueño del que algunos promotores se aprovecharon. Ocurrió en Navia (Vigo) con la promotora Construcuatro, que cobró por encima del precio tasado por supuestas mejoras que ofrecía a los inquilinos durante la obra. El sorteo parecía la solución. Hacía transparente la adjudicación de los pisos cofinanciados con fondos públicos y evitaba el fraude haciendo casar las ofertas con las demandas. "No lo ha sido", insiste Garrido. "Con el sorteo el comprador no puede decidir. No estamos en contra de que la Xunta controle el proceso, pero que nos deje vender directamente".

Sus quejas han llegado a la Confederación de Empresarios y su presidente, Antonio Fontenla, ha tomado nota para pasarle el recado a Núñez Feijóo. "La consellería tiene estudios que dicen que a la mayoría de los demandantes inscritos en el registro no les darían hoy la hipoteca. Se les están dando falsas esperanzas porque con el sorteo hay mucha demagogia. La gente incluso se llega a creer que le ha tocado una casa, que no la tiene que pagar", añade Yáñez. En los ayuntamientos se han ensayado fórmulas parecidas con mejores resultados. Las propias empresas promotoras ponen como ejemplo Vigo, que para adjudicar viviendas en Barreiro obligó a los solicitantes a depositar 3.000 euros: "Eso asegura que están interesados. Lo que es gratis no se valora e inscribirse en el registro de demandantes no cuesta un duro".