Regalos envenenados

Nunca una resolución judicial que exculpa a un juez de haber prevaricado o de haber cobrado sobornos ha sido tan letal para su fama y honor como la dictada esta semana por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre Baltasar Garzón. Éste no está por encima de la ley, pero todo el caso es un perverso monumento a la insidia. Primero, un supuesto periodista de investigación publicó que el juez había cobrado 1,7 millones de dólares durante su estancia -año y medio con permiso de estudios del Consejo del Poder Judicial- en Nueva York, dato literalmente falso.

Con esa base, Antonio Panea, un abogado querellante del grupo de amigos de los condenados por el caso Banesto, al que Garzón había rechazado una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, presentó una denuncia en el CGPJ en febrero de 2008 que, tras ser examinada, fue archivada por la Comisión Disciplinaria el 29 de abril. En esa fecha, el Consejo lo presidía Francisco Hernando, era de mayoría conservadora y faltaba mucho para que Garzón investigara a cargos del PP por corrupción en la Operación Gürtel.

QUERELLA Denuncia con datos falsos

Tras el rechazo, en junio del año pasado, el mismo abogado presentó una querella ante la Sala Segunda del Supremo por prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) y cohecho (cobro de sobornos) contra Garzón por los mismos hechos, añadiendo que el magistrado había rechazado la querella contra Botín porque el dinero que el juez había cobrado durante su estancia en Nueva York había sido pagado por el Banco Santander, dato igualmente falso. Y en noviembre del año pasado, cuando ya se había renovado el Consejo del Poder Judicial con mayoría propuesta por los socialistas, presentó otra denuncia por los mismos hechos ante el nuevo Consejo.

Se da la circunstancia de que, para entonces, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había confirmado la decisión de Garzón de archivar la querella contra Botín, por lo que la supuesta prevaricación atribuida al magistrado se desmoronaba por su propio peso. Este hecho ya debió de suponer la inadmisión de la querella, pero el magistrado ponente, Luciano Varela, decidió investigar los hechos durante seis meses y reclamó al propio juez Garzón y a la Universidad de Nueva York que le aportasen certificados de sus emolumentos.

El Supremo, habitualmente, se limita a admitir o rechazar las querellas que se le presentan, pero en este caso hizo una excepción. Por un lado, confirmó que Garzón no cometió delito alguno, porque no dictó ninguna resolución injusta, ni percibió dinero por ello. Y por otro, precisó que el juez no cobró del Banco Santander 1,7 millones de dólares, sino 203.135,14, que no pagó el Santander. Esos ingresos brutos, de los que hay que deducir impuestos, incluían gastos de desplazamiento, escolarización de una hija y los honorarios propiamente dichos. En total, poco más de 87.000 dólares netos. Los gastos y la escolarización fueron abonados por el Centro Rey Juan Carlos I y el resto por el Centro Derecho y Seguridad, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Nueva York, por lo que el supuesto de cohecho tampoco se sostiene.

"La información previa ha evidenciado que las cantidades percibidas [por Garzón] son muy inferiores a las que el querellante indicaba que le hubieran sido entregadas", decía el Supremo. "Como muy inferior es la cantidad entregada en concepto de patrocinio por la entidad bancaria BSCH, SA. Y desde luego no cabe decir que la entrega lo fuese con la finalidad de dictar resolución de contenido determinado en relación con la querella interpuesta por D. Rafael Pérez Escolar, ya que esta interposición es posterior a aquel patrocinio". El Supremo agrega que "ni siquiera puede asegurarse que el dinero entregado" por el Santander tuviese al juez "como directo destinatario (...) porque el receptor del dinero dado por el banco lo fue el Centro Rey Juan Carlos I, el cual solamente sufragó gastos que no consta se originaran por los cursos sufragados con la generosa aportación del BSCH". Y ese centro no fue el que satisfizo la nómina o sueldo de Garzón. Hasta ahí, nada que decir.

INFRACCIONES El Supremo se excede

Lo novedoso es que la Sala Segunda del Supremo, cuya función es decidir sobre las responsabilidades penales de los jueces y aforados, con el ponente, Luciano Varela, a la cabeza, entró en un terreno que no le corresponde, como es el examen de posibles infracciones disciplinarias, señalando que Garzón habría cometido una falta muy grave por entender que las instancias del juez al Consejo "no comunicaron la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos". Y también que "las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley 53/1984", de incompatibilidades.

Varela y los otros jueces sabían que las faltas prescriben a los dos años, y que en caso de haberse producido la irregularidad -los ingresos están declarados a la Hacienda norteamericana y consolidados con el fisco español, por lo que difícilmente habría voluntad de ocultar tales ingresos- ésta estaría prescrita. Sin embargo, el Supremo remite el caso para su supuesta depuración al Consejo. Con ello consigue instalar la sospecha de corrupción sobre un juez que está en plena lucha contra la corrupción, con lo que su desprestigio es evidente.

PODER JUDICIAL ¿Caso prescrito?

El Consejo ya había examinado el caso con la primera denuncia del abogado Panea, que había archivado en abril de 2008. Pero la nueva denuncia del letrado, exactamente igual que la anterior y que se iba a archivar por los mismos fundamentos que la primera estaba todavía viva, por lo que tras tener noticia del auto del Supremo, la Comisión Disciplinaria, prescindiendo de que en el supuesto de que hubiera habido infracción ésta estaría prescrita, decidió abrir diligencias informativas para investigar el caso. La citada comisión está integrada por Pío Aguirre Zamorano y Gemma Gallego (nombrados a propuesta del PP), Miguel Carmona (designado a propuesta del PSOE) y Margarita Uria (a instancia del PNV). La comisión la integra también el catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, que antes de ser vocal del Consejo fue abogado de Garzón en varios procesos civiles y penales contra Pedro J. Ramírez, Jesús Cacho o Federico Jiménez Losantos, por lo que no participó en las deliberaciones.

El caso ha vuelto a la inspección para nuevas diligencias en un momento en el que el juez instruye el caso Gürtel por presunta corrupción de altos cargos del PP y en el que los populares se han querellado contra él e intentan desprestigiarle a toda costa. Un momento en el que Garzón se presenta a la presidencia de la Audiencia Nacional y que aunque cuenta con un currículo brillante, no tiene apoyos. Las sospechas vertidas sobre él por el Supremo han acabado con cualquier posibilidad de que fuera nombrado.

LA SALIDA DE GARZÓN Operación de acoso

Lo curioso es que frente a la operación de acoso y derribo montada contra el juez por el PP, los que están cobrando la pieza van a ser los suyos, los progresistas, por envidias y viejos agravios. Ya lo decía el ex ministro de la Transición Pío Cabanillas: "Al suelo, que vienen los nuestros".

El caso es que Garzón, que es un tipo valiente y no le ha temblado el pulso para atacar a los poderosos -los GAL, ETA, Pinochet, Berlusconi, y un largo etcétera- siempre ha tenido mucha suerte, porque cada vez que ha tenido problemas, le ha necesitado alguien que le ha ayudado. Ahora, en cambio, se encuentra solo y ha pisado tantos callos a lo largo de los 21 años que lleva en la Audiencia Nacional, que sólo le queda el apoyo popular.

Tras una investigación exhaustiva en toda regla, el auto del Supremo destila el objetivo muy determinado de "encontrarle algo" a Garzón. El texto lo firma Luciano Varela, el último magistrado llegado a la Sala Penal del Supremo y el más destacado miembro del sector más izquierdista de la asociación progresista Jueces para la Democracia. La ponencia de Varela, más parecida a una instrucción sumarial a Garzón, no ha causado excesiva sorpresa en medios judiciales. Lo que ha disparado todas las alarmas en los sectores afines al superjuez ha sido el respaldo sin fisuras del presidente de la Sala, Juan Saavedra, y otros tres magistrados a un texto limpio de votos particulares. Se trata de un "aviso" de que Garzón está en el punto de mira, y de que el Supremo no le va a pasar ni una al juez más incómodo y que más causas especiales le ha enviado contra aforados en los últimos 20 años.

PRESIDENCIA La Audiencia en juego

En plena campaña de acoso del PP contra Garzón, en el Consejo del Poder Judicial el juez ya cuenta con nueve vocales propuestos por este partido prestos a despedazarle. Pero entre los del sector progresista tampoco parece contar con excesivas simpatías. De hecho, su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional, aunque respaldada por sectores próximos al Ministerio del Interior, pronto se vio que difícilmente contaría con los 11 votos necesarios. A toda prisa se urdieron al menos otras dos operaciones para situar a un magistrado de Jueces para la Democracia al frente de la Audiencia, la última de las cuales se cerró con la candidatura del magistrado de la Sala Militar del Supremo, Ángel Juanes, hoy no sólo ya el más firme candidato, sino el seguro destinatario del cargo.

Consciente de la falta de apoyos del juez, el PP se dispone a empapelar el Consejo de protestas y el Supremo de querellas contra éste. El objetivo es claro: sacar a Garzón de la Audiencia. Y tras conseguir su desprestigio, sólo queda hacer del caso Gürtel el caso Garzón, como en su día ya hicieron del caso Naseiro el caso Manglano, el juez que se atrevió a abrir una instrucción al PP en los años ochenta precisamente por otro caso de corrupción entre políticos valencianos que salpicó al entonces tesorero del partido, Rosendo Naseiro. El Tribunal Supremo anuló las grabaciones telefónicas de los tejemanejes financieros y el sumario pasó a engrosar el montón de legajos polvorientos en alguna remota estantería por la que sólo pasa el tiempo.