Reportaje:Economía global

Venezuela nacionaliza 'manu militari'

Escaso de recursos, el Gobierno de Chávez expropia empresas sin garantía de pago

La primera lección que ha aprendido el Gobierno venezolano en estos tiempos de crisis es que ser radical sale más barato. En su plan socialista de nacionalizar sectores estratégicos de la economía, el presidente Hugo Chávez ha comprobado que aplicar medidas drásticas -expropiar sin ofrecer antes garantías de pago- es el camino más expedito para hacerse con el control de las empresas que el Estado quiere pero ya no puede comprar. Así parecen demostrarlo las tomas militares de empresas en el marco de la "revolución agroalimentaria" que ha emprendido el Gobierno venezolano, y que contrasta con los procesos de nacionalización de la industria petrolera, de la electricidad y de las telecomunicaciones, decretados en 2007 y pagados billete sobre billete en tiempos de bonanza.

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"Se las expropio, no tengo problema. Y les pago con papeles. Además, no creo que les vaya a pagar con dinero contante y sonante", fue el mensaje que envió Chávez a los propietarios el 28 de febrero pasado, cuando ordenó la inspección militar de las plantas procesadoras de arroz más importantes del país como primer paso para alcanzar la "soberanía alimentaria". Esa misma semana decretó la expropiación de la planta arrocera de la empresa estadounidense Cargill y de la finca El Piñal, propiedad de la papelera irlandesa Smurfit Kappa Group. La falta de capacidad de pago -por la que aún no se han concretado las nacionalizaciones de tres cementeras, de un banco y de una siderúrgica decretadas por Chávez el año pasado- no sería un impedimento para seguir adelante con el pase a manos públicas de los medios de producción.

Tras ser reelegido presidente para un segundo mandato, en diciembre de 2006, Chávez anunció que tomaría la propiedad de los "medios estratégicos de producción" y nacionalizaría todo aquello que había sido privatizado. Un mes más tarde, el Gobierno cerró tres operaciones con las compañías que dominaban los sectores eléctricos y de las telecomunicaciones con una inversión inicial de 1.417 millones de dólares: negoció con la compañía estadounidense Verizon la compra de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), que domina la telefonía móvil y fija del país; compró a la estadounidense AES la Electricidad de Caracas, la mayor eléctrica privada del país, y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) adquirió la eléctrica Seneca, de la compañía estadounidense CMS Energy. Ese año el petróleo venezolano se vendió a un promedio de 65 dólares por barril (hoy está en torno a 40) y los precios estaban en ascenso.

El 1 de mayo de 2007, Chávez anunció "la recuperación y nacionalización" de las actividades de la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo del planeta. Organizó un acto de masas y un despliegue militar para la toma de las petroleras, aunque no eran necesarios: mediante acuerdos amistosos con 11 de las 13 multinacionales que operaban en la zona se decretó la creación de empresas mixtas en las que el Estado venezolano tendría al menos el 51% de la participación, y las compañías extranjeras, el porcentaje restante. Sólo las estadounidenses Exxon Mobil y Conoco Phillips se negaron a acogerse al nuevo sistema e iniciaron procesos de arbitraje en tribunales internacionales.

Los problemas de caja comenzaron a manifestarse en 2008, cuando el Gobierno intentó extender las nacionalizaciones a los sectores de la construcción, la siderurgia y la banca. Entre abril y junio, Chávez ordenó la nacionalización de la siderúrgica Ternium Sidor y de las cementeras Cemex (México), Holcim (Suiza) y Lafarge (Francia). Y en julio anunció la compra del Banco de Venezuela, filial del Banco Santander. En su conjunto, según estimaciones extraoficiales, estas adquisiciones sumarían más de 4.000 millones de dólares. Y aunque los ingresos de Venezuela se dispararon cuando el petróleo venezolano superó la barrera de los 120 dólares por barril, hasta el momento ninguna de estas operaciones se ha concretado por falta de fondos.

Ante la perspectiva de la recesión mundial y la caída de los precios del crudo, en enero de 2009 el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, apuntó la posibilidad de suspender la compra del Santander. Así también lo aconsejó Armando León, el más antiguo de los directores del Banco Central de Venezuela, para quien ya no es viable continuar con este ritmo de nacionalizaciones: "No podemos adquirir empresas que a la vuelta de tres meses son un desaguadero y generan pérdidas. (...) Si en un determinado momento alguien pensó que se podía tener cierta laxitud mientras una empresa pasaba de un modelo de producción a otro, ya eso se acabó porque las pérdidas de una empresa terminan cargándose el presupuesto", dijo León en una entrevista publicada por el diario Últimas Noticias.

Pero ni los consejos ni la falta de dinero han inhibido al presidente Chávez de comprometer al Estado en nuevas nacionalizaciones. Para analistas como Pavel Gómez, especialista en el área de políticas públicas, el Gobierno se mueve ahora hacia un esquema más parecido al de la confiscación en el que, con la toma de cada empresa, procurará "disciplinar" a las demás.

Hacia la "cogestión obrera"

Cada intento de Hugo Chávez por controlar los medios de producción ha coincidido con alguno de sus triunfos electorales. Tras ganar el referéndum revocatorio convocado en su contra en el año 2004, inició una campaña de "reactivación" de industrias paralizadas y de recuperación de tierras en manos de "latifundistas". A partir de ese año fueron expropiadas las primeras empresas: la Compañía Nacional de Válvulas y la empresa Venezolana de Papel, que ahora funcionan bajo el modelo de "cogestión obrera" y que han producido más pérdidas que beneficios. En los últimos cinco años y en nombre de la "guerra contra el latifundio" también han sido expropiadas, intervenidas o invadidas más de 450 haciendas, según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).

Al ser reelegido, Chávez nacionalizó las telecomunicaciones, la electricidad y la producción petrolera. Y esta vez, en 2009, tras ganar el referéndum sobre la enmienda constitucional que permitirá su reelección indefinida, ha ordenado nuevas expropiaciones de tierras y de plantas productoras de alimentos.

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) acusa la falta de condiciones económicas y jurídicas para la inversión, que ha conducido al cierre del 36% de las empresas que operaban en el país hace ocho años. "La amenaza no es sólo que te quiten la empresa. Si no produces perdiendo, te la quitan. Si produces algo distinto para buscar la rentabilidad, también la intervienen", señala Eduardo Gómez Cigala, presidente de Conindustria. "Es una intervención completa para obligar a la producción de productos regulados. Y la constante es que no hay ninguna inversión. El control de los precios y la situación económica del país hacen inviable nuevas inversiones. Tenemos a las viejas empresas operando, pero no hay actualización, ni ampliaciones, ni incremento de capacidad. Ése es el origen de esta tragedia". -

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 14 de marzo de 2009.

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