El sospechoso de espionaje ataca a sus compañeros de la consejería

La sede donde supuestamente trabajan los espías que siguieron durante dos meses a altos cargos del PP en Madrid contrarios a Esperanza Aguirre se ha cargado de tensión. En Gobelas, 34, el edificio que alberga la dirección general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, hay dos trabajadores, uno de ellos sospechoso de participar en el operativo del espionaje y el otro, su compañero de equipo durante los últimos cinco años, que han puesto por escrito sus recelos tras lo ocurrido.

Los agentes José Palomo Gallego (supervisor de Seguridad) y José Manuel Pinto Serrano (técnico especialista de Seguridad) escribieron y firmaron el 9 de marzo tres folios donde, tras justificar sus tareas y negar que hubieran espiado a políticos, cargan contra sus compañeros. "Nos sentimos despreciados profesionalmente por los representantes de los trabajadores (sean estos trabajadores, afiliados o no), por componentes del propio servicio de seguridad (algunos no tienen muy claro qué es un servidor público y menos el estamento al cual pertenecen) y por ex responsables políticos y de seguridad (personas que no recuerdan que durante su mandato lo único que hicimos fue trabajar en pro de la seguridad de nuestro estamento al servicio de los ciudadanos)".

El agente Pinto dice sentirse marginado a pesar de sus privilegios Otros veteranos afirman que ese equipo trabaja "al margen" con Gamón

La reacción de Pinto y Palomo no se corresponde con lo que ha trascendido del interior de la Dirección General de Seguridad, donde el silencio desde hace semanas es absoluto. Ninguno de los 40 trabajadores que figuran en la plantilla de ese organismo ha manifestado públicamente nada en contra de Pinto y Palomo. Ni el Gobierno regional, ni la Fiscalía de Madrid, ni el juez que investiga otros espionajes ha tomado declaración a los trabajadores de la Dirección General de Seguridad a los que se refieren Pinto y Palomo. Nada que justifique la respuesta de ambos. Por todo ello, resulta su carta especialmente indignante para sus compañeros. En primer lugar, porque una decena larga son conocedores de sus extrañas actividades laborales y, por el momento, no han dado un paso para plasmar sus evidencias o sospechas en manos del fiscal o de la policía. Pero desde una perspectiva meramente laboral, los compañeros se plantean darles adecuada réplica.

"Nunca los hemos marginado", declaran veteranos de la Consejería. "Son ellos los que han vivido al margen del colectivo al estar vinculados directamente al que fue director general Sergio Gamón. Eso les ha permitido vivir con unas prerrogativas que no han tenido el resto de compañeros de la consejería: no respondían ante su jefe natural, sino exclusivamente ante el director general. Han tenido absoluta libertad horaria. Han dispuesto de teléfono y coches oficiales, algo sólo reservado a los jefes".

Los representantes sindicales temen que la consejería de Interior intente compensar en breve a Pinto salarialmente a su regreso de su actual baja médica por "ansiedad", surgida tras ser vinculado por este diario al espionaje. Pinto, según dos informes periciales encargados por EL PAÍS, es el autor de algunos de los partes de seguimiento al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada.

Otro informe encargado a un perito por el consejero de Interior, Francisco Granados, mantiene lo contrario y descarta que Pinto escribiera esos partes. Pero hay dos hechos que, según los expertos, lo invalidan: en primer lugar ha sido hecho con fotocopias, lo que no permite medir la presión de escritura; y se han usado pruebas caligráficas hechas por Pinto cuando ya sabía que era sospechoso y cómo eran sus letras sospechosas. La tentación de variar la grafía no era poca.

Desde hace años, Pinto trabaja en equipo con Palomo. Durante los dos meses de espionaje (abril y mayo de 2008), ambos trabajaban a las órdenes de Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, que le fichó para dirigir el departamento y que luego le mantuvo con un sueldo de 90.000 euros tras ser destituido por Granados debido a que entró en un despacho de la consejería de Justicia supuestamente a requisar documentos y un ordenador, aunque la Fiscalía archivó la denuncia presentada por la víctima de aquellos hechos. Nunca se halló al responsable del robo.