El recorte del dinero para inmigrantes subleva a la oposición

El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de 141 millones de euros entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos para ayudarlos en la acogida y en la integración de inmigrantes. Y esa medida ha provocado una auténtica tormenta: todos los partidos de la oposición, desde el PP hasta IU, han puesto el grito en el cielo porque la cantidad aprobada es un 30% inferior a la que el Gobierno repartió el año pasado. El asunto puede acabar pasándole factura a José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento.

El portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, calificó de "escandaloso" el recorte. El de ERC, Joan Ridao, dijo que es "incomprensible e inaceptable". El de CiU, Carles Campuzano, lo tildó de "miope" y presentó una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a "corregir" la decisión. El de IU, Gaspar Llamazares, calificó el tijeretazo de "unilateral" y, en compañía de ERC e ICV, presentó otra proposición en el mismo sentido que la de CiU...

También las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han sumado a las protestas. A la cabeza de ellas se ha situado el conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco. Dijo que la actitud del Gobierno es "incoherente e indignante" y aseguró que con el dinero procedente del Ejecutivo central el Gobierno autónomo financia 562 plazas de acogida para extranjeros y que ahora los centros que las administran "pueden verse ahogados económicamente". El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, también del PP, ha ido más lejos. La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, ha anunciado que el recorte obligará a eliminar varios programas.

Pero las muestras de indignación no se han limitado a los militantes de la oposición. Muchos alcaldes socialistas de ayuntamientos beneficiarios de los fondos también han mostrado en público su disgusto. En Cataluña, varios diputados del PSC ya han manifestado su comprensión hacia las protestas.

Casi todas las críticas parten de la misma premisa: es ahora, en tiempos de crisis, cuando más necesario se hace el dinero para la integración de los inmigrantes. La paradoja consiste en que ha sido precisamente la crisis la que ha provocado el recorte de esa partida económica. El plan de ahorro presupuestario de 1.500 millones, decidido por el Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero, obligó al Ministerio de Trabajo e Inmigración a recortar 70 millones de sus cuentas. Y ha cargado la mayor parte de ese ahorro (59 millones) en la partida de integración de los extranjeros, que fue creada en 2005.